A un año de la acusación, causa contra abdistas sigue trabada por chicanas
Carmen Pereira, Mario Abdo Benítez y Carlos Arregui.
Más de dos años después de la imputación y más de un año desde que el Ministerio Público presentó la acusación, la causa por las filtraciones de informes confidenciales y manipulados de la Seprelad continúa prácticamente congelada. El expediente involucra a exaltos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, y hasta la fecha permanece en una etapa procesal que todavía ni siquiera pudo superar el filtro inicial para avanzar hacia el juicio oral.
El 11 de marzo de 2025, el Ministerio Público presentó acusación formal y pidió elevar el caso a juicio oral. Para ese momento, los fiscales habían dado por concluida la investigación y entregado un requerimiento conclusivo acompañado por más de 200 elementos probatorios.
Lo lógico hubiera sido que se realice la audiencia preliminar, instancia donde un juez analiza las pruebas y decide si existen suficientes elementos para abrir juicio oral. Ese paso, que normalmente funciona como una especie de filtro judicial previo, nunca llegó a concretarse. Hasta hoy, la audiencia sigue sin fecha.
La razón es una sucesión de recursos promovidos por las defensas de los acusados, que terminaron llevando el expediente hasta las instancias superiores. El caso entró en una cadena procesal que fue trasladando el expediente de un tribunal a otro. La última chicana fue contra los integrantes de la Cámara de Apelaciones, por lo que el expediente fue a la Corte Suprema de Justicia, donde quedó pendiente de resolución.
El Ministerio Público acusó a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira por supuesta asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Daniel Farías también integraba inicialmente la causa, aunque falleció en marzo pasado sin afrontar finalmente a la justicia.
En paralelo, el expresidente Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el actual diputado Mauricio Espínola, mantienen una situación distinta dentro del proceso. Ambos fueron imputados por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti en marzo de 2024, aunque tienen inmunidad por sus fueros.
El expediente se originó tras las filtraciones de la información reservada de la Seprelad. Se elaboraron documentos tergiversados que luego se utilizaron en contra de los adversarios políticos del abdismo por mera persecución. Para la Fiscalía todo apunta a que existió un esquema coordinado para la utilización indebida de información sensible generada por los organismos estatales. Pero hasta el momento ninguno de los responsables fue castigado.
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