Educación superior en alerta: ¿Quién controla la calidad universitaria?
La educación superior ya dejó de ser un problema académico para convertirse en una discusión estratégica sobre el futuro del país. Un informe oficial de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) reveló que apenas el 5,1% de los programas de posgrado habilitados cuenta actualmente con acreditación vigente.
Esta cifra hace que necesariamente nos preguntemos: ¿quién controla realmente la calidad universitaria y por qué el sistema sigue funcionando sin consecuencias para quienes no cumplen con los estándares mínimos?
Según el informe de la ANEAES, existen 1.970 programas de posgrado habilitados entre especializaciones, maestrías y doctorados. De ese universo, solamente 101 tienen acreditación vigente, mientras 1.869 operan sin este aval de calidad.
La habilitación otorgada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) solo certifica condiciones mínimas para abrir un programa. La acreditación, en cambio, evalúa calidad académica, capacidades institucionales y resultados. En otras palabras, abrir una maestría o doctorado no significa necesariamente garantizar que tenga los estándares académicos necesarios.
Al ver las especializaciones, hay 909 habilitadas y solo 45 acreditadas (5,0%). En cuanto a las Maestrías son 855 las habilitadas y únicamente 44 las acreditadas (5,1%). En tanto que al ver los Doctorados hay 206 habilitados y solamente 12 acreditados (5,8%). Ningún nivel supera el 6%.
Al revisar por áreas el escenario tampoco mejora. Ciencias de la Salud y Ciencias Económicas concentran casi la mitad de toda la oferta de posgrados del país. Ciencias Sociales y Humanidades apenas alcanzan una cobertura de acreditación del 1,6%.
Estos alarmantes datos reactivan una discusión de fondo sobre el diseño del sistema universitario. Actualmente, el CONES, que es el órgano encargado de habilitar carreras y supervisar el sistema, está integrado en gran medida por los representantes vinculados al propio sector universitario. Eso genera posibles conflictos de interés, ya que quienes forman parte del sistema regulado también participan de las decisiones regulatorias, es decir, son jueces y parte.
Es así que hasta hoy no se conocen sanciones relevantes contra las universidades por mantener programas sin acreditación. Y el resultado práctico es que miles de estudiantes pueden cursar programas habilitados, pagar matrículas durante años y obtener títulos cuya calidad nunca pasó por un proceso formal de evaluación externa.
Un paso importante fue que desde 2026 rige una disposición del Ministerio de Educación que establece que las carreras alcanzadas por la normativa deberán estar en proceso de acreditación y que desde 2028 solo podrán registrarse títulos de programas que cumplan con los requisitos establecidos.
Si Paraguay quiere competir en economía del conocimiento, atraer industrias tecnológicas y formar profesionales para los próximos 30 años, ¿alcanza con habilitar carreras o llegó el momento de discutir el modelo de control de calidad de toda la educación superior?
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