Manual del robo “legal” en IPS en la era Abdo

Las actuales autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) recuperaron la administración de una serie de inmuebles y consiguieron el levantamiento de embargos por alrededor de G. 3.000 millones, esto tras la nefasta herencia dejada por la gestión anterior.

En el actual proceso de golpe de timón en la previsional, la administración actual consiguió importantes logros en los últimos meses mediante la recuperación de varios inmuebles que pertenecen a la previsional y los correspondientes recursos que provienen de los mismos.

En ese sentido, el titular de IPS, Jorge Brítez, comunicó que se rescindió el contrato de alquiler a la firma responsable del espacio conocido como Manzana T. Por lo que, la previsional percibe ahora G. 100 millones en concepto de alquiler por parte de los arrendatarios de los locales.

Otro aspecto destacable es la recuperación de 16 dúplex del country club ubicado en la ciudad de Hernandarias, cuyos inquilinos comenzaron a pagar sus alquileres a la previsional.

Así también, se recuperaron 116 unidades en el edificio Jukyry y 34 unidades en el edificio Jazmín, ambos inmuebles situados en Ciudad del Este.

Por otro lado, se consiguió el desalojo de la cantina de la unidad central del IPS y se recuperó un inmueble de 5.000 hectáreas en Boquerón, el cual había sido invadido. La propiedad fue entregada a una nueva administración y ya se suscribió un contrato de arrendamiento que además estipula la realización de inversiones en la misma.

Asimismo, se concretó la recuperación de un inmueble en Limpio, para construir el puesto sanitario de Piquete Cue, de modo a destinar el espacio al beneficio de asegurados y sus familias.

El haber recuperado inmuebles ociosos se traduce en más ingresos a la institución, la cual, al tener una mejor sostenibilidad financiera, puede brindar más beneficios a los asegurados. Además del cobro de alquileres atrasados, la previsional consiguió el levantamiento de embargos por alrededor de G. 3.000 millones, de los G. 59.000 millones que se encuentran embargados en el sistema financiero con relación a 388 juicios entablados contra la previsional.

Atendiendo que por ley no se puede embargar bienes ligados al Estado paraguayo, el IPS solicitó que los jueces que permitieron esta acción irregular sean sometidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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