En Gobierno de Abdo advirtieron riesgos de lavado en ONG

Nota enviada por la Seprelad al Congreso.

El proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, sancionado por el Senado el 9 de octubre pasado, se sustenta en evaluaciones e informes técnicos que fueron completamente dejados de lado por los sectores que cuestionan duramente la necesidad de esta normativa para controlar y transparentar a las ONG.

Un análisis técnico profundo presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) al Congreso, el 16 de agosto de este año, detalla la necesidad de un marco legal para garantizar la transparencia y el control de estas entidades, en respuesta a riesgos detectados en evaluaciones previas durante la administración de Mario Abdo Benítez.

En la nota remitida por la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, al legislador colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados, hace referencia a que “se encuentra justificada una herramienta legal que regule prudencialmente el sector de las organizaciones sin fines de lucro, que hasta la fecha no se cuenta en el Paraguay”.

Para ello, cita que la SEPRELAD realizó una Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR) en 2019 (justamente en la administración anterior), enfocada en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta evaluación concluyó que ciertas ONG en Paraguay —especialmente aquellas dedicadas a la caridad, educación, servicios sociales y religiosos— son más vulnerables a ser utilizadas para actividades ilícitas debido a la falta de bancarización y transparencia en sus operaciones.

Los principales factores de riesgo identificados incluyeron la ausencia de políticas de debida diligencia para identificar aportantes y beneficiarios, la carencia de control interno, y la falta de registros adecuados de donaciones y fondos utilizados. Además, se señaló que algunas organizaciones podrían estar vinculadas con jurisdicciones consideradas de alto riesgo por su asociación con actividades terroristas.

En el año 2020, todavía administración abdista, la SEPRELAD desarrolló la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), en la cual identificó amenazas específicas relacionadas con el financiamiento del terrorismo, particularmente en la recaudación y transferencia de fondos “lícitos e ilícitos”. Aunque el riesgo directo de financiamiento del terrorismo se consideró bajo, se destacó un riesgo elevado en la posibilidad de que las ONG fueran usadas para el lavado de activos o corrupción.

En esta evaluación se comprobó que podría darse mayor vulnerabilidad para las organizaciones sin fines de lucro del tipo que realizan caridad o asistencia, educación, servicios sociales en general, desarrollo social y económico, al igual que el religioso; ya que podrían estar sujetas a un mayor riesgo y posibles usos indebidos de la estructura para el terrorismo.

Un tercer aspecto muy importante que se detalla en la nota es que, durante la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en septiembre de 2022, se resaltan las deficiencias de Paraguay en cuanto a la regulación de las ONG. Se calificó la implementación del “Cumplimiento Técnico Recomendación 8” (relativo a las ONG) y el “Resultado Inmediato 10” de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como regulares, por lo que recomendó la adopción de una norma prudencial para mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestas estas organizaciones.

Para el efecto, la SEPRELAD consideró que “una ley prudencial fomentará el eficiente y eficaz desenvolvimiento para cumplimento de las reglas propias tuteladas por un régimen específico de esta actividad”. Para esto, “se requiere de una autoridad de aplicación o supervisión natural que asuma la responsabilidad del control en cuanto a la observancia de normas estandarizadas como prudenciales”.

Además destacó que, “el registro que se pretende instaurar, se constituiría en la base centralizada de datos que revelará la información completa del sector, habida cuenta que las existentes difieren en cuanto al tipo e información registrada y administrada por las mismas, además de que esto permitiría contar con el origen certero de los fondos, así como de la rendición de cuentas del destino de tales recursos”.

CUESTIONAMIENTOS DEL SECTOR AFECTADO

A pesar del respaldo técnico al proyecto, el debate se desvió por intereses sectarios, ya que los argumentos técnicos fueron total y completamente ignorados por los críticos de la propuesta, quienes se concentran hasta la fecha en el discurso de que es una ley garrote, pero sin entrar al detalle técnico ni en las evaluaciones, tanto de la Seprelad como de Gafilat, que datan del gobierno anterior y que remarcan la necesidad de contar con esta normativa de control.

Con la sanción legislativa ya alcanzada, el proyecto de ley aguarda la decisión del presidente Santiago Peña, quien deberá decidir su promulgación o veto.

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