“Comisarías de oro”: Fiscalía urge a la Corte destrabar caso Filizzola
La fiscal Silvia González rechazó la prescripción que pretende la defensa del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola por el caso de las “comisarías de oro”. Explicó que el paso del tiempo obedece de forma exclusiva a una “actuación abusiva del derecho” por parte del político chicanero.
La causa penal por el presunto perjuicio patrimonial de más de G 1.200 millones en la remodelación de sedes policiales, conocida como las “comisarías de oro”, se encuentra pendiente de una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal Silvia González, quien tómo el caso en febrero de 2025, detalló al programa La Caja Negra que la institución se encuentra batallando en los estrados para revertir la resolución dictada en mayo de 2025 por el juez penal de garantías Yoan Paul López, quien decretó de forma preliminar la prescripción de los hechos y el consecuente sobreseimiento definitivo del parlamentario.
PLAZOS MUERTOS POR CHICANAS
Al ser consultada sobre los motivos técnicos por los cuales no corresponde cerrar el expediente por el simple transcurso del tiempo, la fiscal González recordó que el derecho penal cuenta con mecanismos para sancionar las conductas dilatorias. Explicó que existe un sólido precedente dentro de este mismo proceso donde la Cámara de Apelaciones ya validó la teoría de los plazos muertos.
“Ya existe una postura de una Cámara anterior que analizó el hecho y realizó un análisis con relación a todos los incidentes, recusaciones y recursos dilatorios planteados. Consideró que las actuaciones abusivas de parte del acusado no podrían beneficiarle en cuanto a los plazos. El proceso continúa por un ejercicio abusivo del derecho; una prescripción simplemente impide aplicar una sanción por el tiempo transcurrido, pero evita que se haga el análisis de las pruebas propiamente dichas”, remarcó la investigadora.
La representante fiscal enfatizó que mientras otros coacusados que no interfirieron en la marcha normal de la justicia ya definieron sus situaciones procesales, en el caso específico de Filizzola el reloj jurídico se congeló debido a la cadena de recursos presentados por su propia defensa.
BLOQUEO EN LA CÁMARA
El principal obstáculo que enfrenta el Ministerio Público para revertir el blanqueo radica en la desarticulación del tribunal que debe estudiar la apelación fiscal presentada el 13 de mayo de 2025. Tras una serie sistemática de recusaciones e inhibiciones promovidas por la defensa del senador, la Cámara de Apelaciones quedó desintegrada, contando actualmente con un solo miembro firme, el magistrado Paublino Escobar.
Ante esta parálisis que amenaza con dejar impune el caso, la Fiscalía General movilizó sus recursos institucionales ante los máximos estamentos judiciales.
“Hemos comunicado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la situación en la que se encuentra trabada la causa. Presentamos ya dos escritos de urgimiento solicitando que se arbitren las medidas para que se proceda a la integración de la Cámara, a fin de que se pueda estudiar finalmente el recurso de apelación que hemos planteado”, confirmó la fiscal González.
EL PERJUICIO PATRIMONIAL
La hipótesis del Ministerio Público, sostenida desde la acusación presentada el 9 de diciembre de 2014, apunta a que Rafael Filizzola, durante su gestión al frente del Ministerio del Interior, autorizó mediante resolución una licitación para la adecuación edilicia de 24 comisarías del área metropolitana sin contar con estudios técnicos suficientes ni solicitudes reales de los jefes policiales del área.
Las obras consistieron en la edificación de celdas que, según la auditoría interna, resultaron innecesarias en varios casos o terminaron mal ubicadas en patios internos. Además, el exministro autorizó desembolsos utilizando fondos de un ejercicio fiscal vencido que no permitía concluir los trabajos, omitiendo ejecutar de forma posterior las pólizas de seguro que hubiesen permitido al Estado paraguayo recuperar el dinero invertido.
La Fiscalía ratificó que el objetivo final es transparentar la gestión pública a través de un juicio oral y público, instancia donde un Tribunal de Sentencia pueda valorar los elementos probatorios y determinar las responsabilidades penales del actual senador, evitando que el caso sufra el mismo destino de impunidad que la causa de los helicópteros de la Policía, que provocó un desvío histórico estimado en G. 50.000 millones.
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