Títulos docentes bajo sospecha: San Expedito y la red que operaba al margen del sistema
El caso del Instituto Técnico Superior de Gestión Privada San Expedito, de Horqueta, expone una de las aristas más graves de la crisis de los títulos falsos. Pese a contar con una autorización limitada, habría ofrecido carreras sin habilitación y captado a docentes que buscaban mejorar su situación laboral.
La investigación administrativa y los antecedentes remitidos al Ministerio Público describen un esquema que habría combinado ofertas académicas no autorizadas, cobros a estudiantes y una posterior triangulación de documentación con otras instituciones educativas.
Según los antecedentes, San Expedito obtuvo en 2022 la autorización del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) mediante la Resolución N.º 415. El permiso correspondía a un Instituto Técnico Superior de Gestión Privada y establecía su funcionamiento en el barrio Barcequillo de San Lorenzo.
Sin embargo, la institución trasladó sus actividades a Horqueta, en el departamento de Concepción, sin contar con una resolución para hacer el cambio de sede.
En el lugar funcionaba como el “Centro Educativo San Expedito” y reunía distintas ofertas académicas, entre ellas tecnicaturas, formación docente y programas de grado. Entre las ofertas aparecen la Licenciatura en Ciencias de la Educación y el Profesorado en Educación Escolar Básica, carreras que requieren autorización dentro del sistema de educación superior.
Siempre conforme a los datos de la intervención, el esquema habría tenido como principales destinatarios a docentes y personas que buscaban acceder a mejores oportunidades laborales dentro del sistema educativo.
Los estudiantes abonaban cuotas y otros conceptos vinculados a exámenes y titulación. En algunos casos, los cobros por “mesa examinadora” y trámites relacionados con el diploma llegaron a Gs. 5.500.000 por alumno, según los antecedentes incorporados a la investigación.
La dificultad surgía al momento de registrar oficialmente las trayectorias académicas. Al no encontrarse la sede en una situación regular dentro del sistema, las cargas académicas no podían ser asentadas normalmente en el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES). Así apareció otro mecanismo, que consistía en que los alumnos cursaban en Horqueta pero terminaban vinculados documentalmente con otras instituciones habilitadas para la expedición de los títulos.
Ante las denuncias, el MEC dispuso el 23 de junio de 2026 la intervención y auditoría integral del Instituto. La medida estableció un plazo de 45 días para revisar la documentación académica, las condiciones de funcionamiento, las ofertas educativas y los registros de estudiantes. La intervención detectó que la sede de Horqueta no estaba habilitada, las carreras tampoco contaban con la autorización, y no había forma de acreditar la trayectoria de los alumnos.
El Viceministerio de Educación Superior informó además que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales.
El caso San Expedito deja una pregunta que trasciende a una institución de Horqueta: ¿cómo pudo una persona cursar durante años, pagar por una formación y recién descubrir al momento de obtener su título que el camino académico que siguió no tenía respaldo legal? ¿Cómo los órganos de control nunca detectaron la irregularidad?
About Author
