Universidades de frontera: ¿quién está detrás?
Un allanamiento realizado en septiembre pasado en una estancia del empresario y político brasileño Aparecido Carlos Bernardo volvió a poner bajo la lupa una historia que desde hace años atraviesa la educación superior en nuestra frontera. Ahora sumando el condimento de la supuesta utilización como fachada de las casas de estudio para el presunto lavado de dinero sucio del crimen organizado.
El procedimiento de la Policía Federal y del Ministerio de Trabajo de Brasil terminó con el rescate de 23 trabajadores y la incautación de 14 armas de grueso calibre. Tras este operativo, Carlos Bernardo negó las acusaciones en su contra sobre explotación laboral y sostuvo que el operativo respondía a una persecución política.
El episodio adquirió especial interés en Paraguay por la trayectoria de Bernardo, quien es conocido en la frontera como “Carlos da UCP”, y por sus reiteradas apariciones públicas relacionadas con la educación médica en Pedro Juan Caballero.
Según varias publicaciones periodísticas y las redes sociales del propio ciudadano brasileño, el mismo se presentaba como CEO y fundador de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Paraguay (UCP). Sin embargo, no figura como docente ni como autoridad universitaria en los organigramas formales de la institución. Es, en la práctica, un inversor privado que opera la carrera como si fuera una franquicia propia, captando estudiantes, manejando infraestructura, contratando personal y administrando los flujos financieros de la sede.
Sin embargo, la UCP sostiene una versión completamente distinta. En un comunicado difundido la semana pasada afirmó que Bernardo no mantiene actualmente ninguna vinculación con la institución.
Lo cierto y concreto es que esta situación coincidió con una investigación de las autoridades paraguayas y brasileñas sobre los integrantes del Primer Comando Capital (PCC). En marzo de 2021 fue detenido Weslley Neres dos Santos, alias “Bebezão”, señalado como líder regional del grupo, quien tenía un carné que lo identificaba como estudiante de Medicina de la UCP. La situación generó investigaciones sobre la posible utilización de identidades universitarias por integrantes de organizaciones criminales.
Así también, en el año 2023, el nombre de Bernardo volvió a surgir cuando fue detectado en conversaciones del fallecido diputado colorado Lalo Gómez, negociando el alquiler de una estancia que había sido incautada a Jarvis Pavão. Es decir, Bernardo participaba activamente en la gestión de activos que el Estado paraguayo había confiscado a esa misma red criminal.
Aparecido Carlos Bernardo también aparece como supuesto CEO de la Universidad Interamericana, tal como el mismo publica en sus redes sociales. Al igual que la UCP, esta universidad emitió un desmentido. La semana pasada afirmó que Bernardo no tiene relación institucional, administrativa, académica ni jurídica con la casa de estudios y que no integra su directorio ni ocupa función alguna. Esto difiere de las publicaciones de la propia Universidad Interamericana que lo presentaban como CEO de la institución durante las actividades académicas.
La cuestión cobra mayor relevancia por la reciente habilitación de Medicina de la Interamericana, que fue muy cuestionada -la ANEAES figura entre las detractoras de esta medida- debido a que el propio CONES había decidido no habilitar más carreras ante la saturación de los campos de prácticas clínicas, situación detectada a través de una comisión de investigación. Sin embargo, pisoteando su propio informe, el CONES habilitó provisoriamente por dos años la carrera de Medicina de la institución bajo la Resolución 178/2026, con el argumento de que en ese lapso consiga un campo de práctica para los estudiantes universitarios.
El contexto que hace sospechosa la habilitación es que, con la Universidad Central bajo la lupa, el CONES otorgue la habilitación a la Universidad Interamericana. Una nueva institución, una nueva personería jurídica, una nueva oferta académica, pero un mismo modelo, misma ciudad, mismo mercado de estudiantes brasileños que cruzan la frontera.
Con esto surge la pregunta, ¿qué papel tuvo realmente Carlos Bernardo en la conducción, administración y expansión de estas ofertas de Medicina en la frontera?
Pero aparece inclusive otra cuestión aún más grave que guarda relación al presunto dinero sucio del crimen organizado. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el crimen organizado en Paraguay, expone el presunto uso sistemático de universidades privadas como vehículos de lavado de dinero y como mecanismo de integración de estructuras ilícitas en la economía legal.
Pedro Juan Caballero comparte frontera seca con Brasil, lo que significa que para un estudiante brasileño de Mato Grosso do Sul, cursar Medicina en esa ciudad implica cruzar una calle. El sistema educativo brasileño impone restricciones severas al acceso a Medicina y por ende, genera una demanda sostenida y creciente de alternativas en el lado paraguayo. Con centenares de estudiantes pagando aranceles de entre 400 y 800 dólares mensuales, los flujos anuales por carrera superan holgadamente el millón de dólares. Multiplicado por dos o tres instituciones operando simultáneamente bajo control coordinado, el volumen de capital que puede circular disfrazado de ingresos educativos alcanza magnitudes que explican por qué el esquema vale la pena proteger, expandir y replicar.
Esto convierte al negocio de la educación en frontera en uno muy lucrativo, pero también puede atraer la mirada de las organizaciones criminales.
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