Tobilleras electrónicas: ¿qué frena su aplicación?
Tobilleras electrónicas.
Al 10 de octubre, el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) registraba 237 usuarios activos, un 69,3% más que los 140 contabilizados el 3 de julio. De ese total, 52 personas estaban monitoreadas por hechos de violencia familiar o de género.
La cifra adquiere relevancia frente al llamado que la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes realizó el 29 de julio. La magistrada instó a los órganos jurisdiccionales a considerar una aplicación más efectiva de estos dispositivos en los casos previstos por la legislación. Según informó entonces el Poder Judicial, hasta el 30 de junio se habían utilizado 141 tobilleras, una cantidad insuficiente frente a los 1.000 equipos que están disponibles.
La Ley N.º 5863/2017, modificada por la Ley N.º 7270/2024, habilita el uso de dispositivos electrónicos en distintos regímenes de control penal y procesal. Entre ellos figuran la prisión domiciliaria, las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, la libertad condicional y determinadas medidas de protección para víctimas de violencia doméstica y de género.
La Corte Suprema aprobó inicialmente un protocolo de implementación gradual mediante la Acordada N.º 1779, de enero de 2025. Luego amplió el procedimiento con la Acordada N.º 1801 y extendió la aplicación a todo el territorio nacional mediante la Acordada N.º 1813, de julio de ese año.
La decisión de colocar una tobillera corresponde al juez o tribunal competente. También se debe determinar si el dispositivo resulta adecuado para controlar a la persona y si existen condiciones técnicas para hacerlo.
De los 52 usuarios monitoreados por violencia familiar o de género, solo 18 tenían una orden de alejamiento, según los datos disponibles al 10 de octubre. Los otros 34 estaban sujetos a otros regímenes de control dentro de esa categoría.
Durante los doce meses comprendidos entre el 10 de octubre de 2025 y el 10 de octubre de 2026, el sistema registró 61 eventos de posible incumplimiento: 16 correspondieron a intentos atribuidos a los beneficiarios de las tobilleras y 45 a acercamientos iniciados por las víctimas.
El uso de las tobilleras adquirió más relevancia por el caso ocurrido en Eusebio Ayala. El 2 de octubre, Édgar Clodomiro Romero Rodríguez, principal sospechoso del homicidio de Rebeca Martínez, contaba con libertad ambulatoria y monitoreo electrónico. La Policía reportó que la central detectó una alarma de manipulación de la tobillera y perdió la señal GPS minutos después.
Además, el pasado 14 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre la implementación de las tobilleras. La solicitud incluye datos sobre la cantidad de equipos adquiridos, los dispositivos activos y disponibles, las alertas y las fallas de transmisión, además de los protocolos de intervención policial.
La propia Corte Suprema de Justicia ya exhortó a los jueces a considerar esta herramienta y la oficina de monitoreo sostiene que tiene capacidad para incorporar a más personas. Entonces, ¿qué impide que se utilice en más casos?
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