Fiscalía detecta 525 registros irregulares y apunta a una red que alcanza a más de 20 carreras
La investigación fiscal por la falsificación y el registro irregular de los títulos universitarios en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) avanza sobre una estructura que, según la fiscal Teresa Sosa, involucra 525 casos ya identificados, con distintas responsabilidades que están siendo investigadas.
La agente fiscal, quien encabeza la causa junto con el fiscal Leonardi Guerrero, explicó que el equipo continúa revisando el sistema informático del MEC para determinar quiénes intervinieron en el registro de los documentos apócrifos y cómo fue posible que estos certificados obtuvieran posteriormente matrícula profesional.
La fiscal aclaró que los 525 casos corresponden a personas que solicitaron el registro de títulos que no fueron emitidos de manera auténtica por las instituciones que figuran en los documentos.
Una parte importante de estos certificados utilizó membretes de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), aunque la investigación también detectó documentos relacionados con otros institutos y universidades.
Dentro de los 525 casos, aproximadamente 150 personas ya obtuvieron matrícula profesional docente a partir del registro de esos títulos. La Fiscalía remitió el listado al MEC para que analice la cancelación inmediata de esas matrículas.
No obstante, la fiscal aclaró que no todos los beneficiarios participaron voluntariamente en la falsificación, ya que algunos fueron simples víctimas del engaño. Algunos alumnos pagaron sus matrículas, cuotas, cursaron durante varios años, presentaron trabajos finales y recibieron un diploma bajo la creencia de que estudiaban en una institución que tenía un convenio válido con una universidad. En esos casos, los estudiantes habrían cumplido con las exigencias que les plantearon los institutos y utilizaron posteriormente el título convencidos de que era legítimo.
Por esa situación, la causa apunta a tres grupos principales: los propietarios de institutos no habilitados, las personas que utilizaron los títulos y los funcionarios del MEC que permitieron los registros. La investigación busca determinar el grado de responsabilidad individual en cada caso.
El problema también trasciende la formación docente. La Fiscalía ya identificó más de 20 carreras vinculadas a los documentos mau. Entre ellas aparecen Derecho, Ciencias del Deporte, tecnicaturas, profesorados, licenciaturas y títulos de posgrado.
¿Cómo ingresaron al sistema del MEC?
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar cómo documentos falsos lograron superar los controles administrativos. Sosa explicó que existen resoluciones y procedimientos establecidos desde hace décadas para determinar qué requisitos deben cumplirse antes de registrar un título. Incluso mencionó una resolución de 1980 como uno de los antecedentes normativos revisados por el equipo fiscal.
La investigadora cuestionó cómo pudieron otorgarse registros y matrículas profesionales cuando, en determinados casos, las personas ni siquiera habrían cursado las carreras.
Además, recordó que las propias instituciones educativas tienen la obligación de verificar que sus estudiantes hayan cumplido los requisitos académicos antes de emitir un título.
La investigación también analiza el posible beneficio obtenido mediante los certificados cuestionados. Según explicó Sosa, dentro del sistema educativo un título puede permitir acceder al escalafón docente, obtener mejores cargos y recibir bonificaciones salariales. Ese incentivo económico y laboral constituye otra de las líneas que busca determinar la Fiscalía para establecer quiénes utilizaron los documentos falsos y quiénes fueron solo víctimas.
Sosa también reveló que la investigación enfrenta mecanismos de presión de parte de los propietarios de las casas de estudios, mediante recusaciones que pueden provocar el apartamiento temporal de los fiscales y obligar a otros investigadores a comenzar nuevamente el análisis de una causa que lleva dos años de trabajo.
About Author
