¿Qué pasó con las granjas de criptomonedas clandestinas?
Al inicio de la actual administración, las intervenciones contra las granjas clandestinas de criptomonedas eran pan de cada día. Operativos rimbombantes que eran desplegados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) junto al Ministerio Público y la Policía mostraban galpones industriales repletos de procesadores que consumían megavatios de energía hurtada.
La problemática escaló a tal punto que derivó en la creación de unidades fiscales especializadas. Además, la respuesta normativa fue contundente. En julio de 2024 entró en vigencia la Ley N.º 7.300, que elevó hasta 10 años la expectativa de pena por sustracción ilegal de energía eléctrica y estableció mecanismos de incautación y comiso de los bienes utilizados.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la contundencia de aquellos procedimientos públicos parece haberse diluido. La interrogante que surge es: ¿Se terminaron las mineras irregulares en Paraguay o la delincuencia simplemente cambió de estrategia bajo el amparo del silencio?
En lo que va del año 2026, la ANDE reportó a través de su página web 8 intervenciones en CDE, Hernandarias, Curuguaty y Luque. Esa cifra resulta muy inferior a la que se registraba, por ejemplo, en el 2024, cuando se intervinieron 33 conexiones masivas de criptominería, logrando desconectar 89.424 kVA de potencia instalada, de acuerdo con información de la propia institución.
Siempre el argumento fue que las pérdidas acumuladas por el despojo de energía representaban un boquete financiero para el Estado. Ya en el año 2022, la ANDE estimaba un perjuicio anual cercano a los USD 60 millones derivado de unas 150.000 conexiones clandestinas en todo el país.
Aunque históricamente las conexiones irregulares se dividían entre asentamientos precarizados y sectores informales, la ANDE reconoció en su momento que las mineras clandestinas concentran el mayor volumen de potencia sustraída.
Por otro lado, un factor determinante que frena el juzgamiento de estos hechos radica en la figura del flagrante delito. Desde la propia ANDE reconocieron que la posesión o tenencia de procesadores de bitcoin no constituye un crimen en sí mismo; el delito tipificado es el hurto de energía eléctrica. Y para sostener una causa penal sólida, la comitiva fiscal-policial debe intervenir el inmueble en el preciso momento en que los equipos están conectados de forma directa e irregular a la red eléctrica. Sin embargo, en los operativos los intervinientes suelen encontrar los cables desconectados minutos antes de los allanamientos.
Esta constante “suerte” de los infractores refuerza las sospechas de un presunto contubernio e información privilegiada, es decir, que se filtran los procedimientos con antelación.
Lo cierto y concreto es que, si anteriormente eran un problema terrible para la ANDE, ¿por qué ya no se ven tantos grandes allanamientos? Si antes las criptominerías clandestinas parecían estar en todas partes, ¿entonces ahora el problema fue solucionado o solo aprendió a esconderse mejor?
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