UPG: el caso que expone las grietas del control universitario
El caso de la Universidad Privada del Guairá (UPG) se convirtió en uno de los casos más complejos del sistema de educación superior. Una institución que fue intervenida, tuvo carreras y filiales clausuradas, enfrentó medidas judiciales, sufrió la revocación de títulos registrados provisionalmente y actualmente vuelve a estar bajo la lupa por la situación de sus carreras.
Las primeras denuncias aparecieron en 2014 por presuntas irregularidades en títulos de Enfermería. A raíz de estas denuncias, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) dispuso la intervención de la UPG.
El proceso derivó en sanciones contra distintas sedes y ofertas académicas. Además, aparecieron denuncias sobre carreras ofrecidas en lugares que no contaban con la habilitación correspondiente.
Uno de los antecedentes más llamativos ocurrió en Ybycuí. Pese a las medidas adoptadas previamente, se denunció que la universidad continuaba matriculando a los estudiantes y cobrando cuotas por carreras que habían sido clausuradas.
La situación tuvo otro giro en 2022, cuando una medida cautelar permitió temporalmente que la universidad continuara operando determinadas carreras. Ese escenario cambió en agosto de 2024, cuando la Corte Suprema revocó la medida cautelar.
Tras esa decisión, el Ministerio de Educación y Ciencias anunció la revocación de 61 títulos universitarios que fueron registrados mientras estaba vigente la medida judicial. El MEC explicó que esos registros estaban vinculados a una situación que había quedado sin sustento tras la revocación de la cautelar.
La situación volvió a adquirir relevancia este año con un informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), el cual expone que la UPG aparece entre las instituciones que emitieron títulos de Derecho correspondientes a carreras que no contaban con acreditación. El informe contabiliza 199 títulos de Derecho emitidos por la UPG entre 2023 y 2025 en esas condiciones.
La ANEAES también incluyó a la UPG entre las instituciones que emitieron títulos de Medicina sin haber obtenido la acreditación correspondiente, una situación particularmente sensible debido al impacto que tiene la formación de profesionales sobre la salud pública.
Un aspecto importante es que esto no significa que esos títulos sean falsos. La acreditación y la habilitación son procesos regulatorios distintos. Precisamente por eso, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que el estudiante pueda conocer con absoluta claridad qué carrera está habilitada, en qué sede, bajo qué resolución y cuál es su situación frente a la ANEAES.
En octubre de 2025, el CONES aprobó mediante la Resolución Particular N.º 643/2025 la actualización de determinadas carreras de grado de la UPG, luego de que sus dependencias técnicas emitieran dictámenes favorables en las dimensiones académica, de infraestructura, jurídica y económica.
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