“Mafia de las marcas”: nuevo esquema de apriete a empresas
Una investigación encabezada por el abogado Oscar Tuma sacó a la luz un esquema de corrupción denominado como la “mafia de las marcas”, una estructura que estaría integrada por abogados, funcionarios públicos y agentes fiscales, y que opera en el país utilizando el sistema administrativo y penal como mecanismo de extorsión contra las empresas importadoras.
Según Tuma, la operación inicia con la obtención irregular de información confidencial del sistema informático SOFIA de Aduanas. A través de funcionarios de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y agentes aduaneros, los representantes de empresas de la competencia acceden a detalles de los contenedores en tránsito: productos, fechas de arribo, importadores, entre otros datos sensibles.
Con esta información en mano, presentan denuncias penales por presunta falsificación de marcas ante las Unidades Fiscales Especializadas en Propiedad Intelectual. Lo grave es que estas denuncias suelen formularse sin contar con dictámenes técnicos ni pruebas materiales, e incluso antes de que la mercadería ingrese al país.
Según Tuma, a pesar de la falta de evidencias, algunos fiscales ordenan el bloqueo inmediato de los contenedores, amparándose en una supuesta protección de derechos marcarios. Esto genera un perjuicio económico directo: paralización de operaciones logísticas, pérdida de productos perecederos y penalidades contractuales para las empresas afectadas.
Una vez trabada la operación comercial, se inicia la segunda fase del esquema, de acuerdo con el abogado. Esta consiste en el contacto de intermediarios o abogados con la firma perjudicada, para ofrecer “soluciones”. Estas salidas implican arreglos económicos informales, supuestos acuerdos extrajudiciales o compromisos comerciales con el denunciante, todo a cambio de retirar la denuncia o levantar el bloqueo.
La denuncia más reciente fue presentada el miércoles pasado por Tuma en representación de la firma Neumáticos del Paraguay S.R.L. (NEUPAR). En ella se señala a Rafael Salomoni, representante de las empresas Sungo Holding y Sunset SACIS, por el hecho punible de denuncia falsa, previsto en el artículo 289 del Código Penal.
Según el escrito, Salomoni habría formulado múltiples denuncias sin pruebas contra NEUPAR, lo que derivó en el bloqueo arbitrario de varios contenedores y ocasionó graves perjuicios logísticos. La denuncia incluye una reserva de acción penal para ampliar el caso contra otros eventuales implicados, si durante la investigación se encuentran vínculos directos.
Sobre este nuevo esquema instalado, Tuma advirtió que la estructura mafiosa no solo daña al comercio formal, sino que erosiona la credibilidad del sistema judicial, por lo que instó a ir tras todos los involucrados: los abogados privados que presentan denuncias infundadas, los funcionarios de DINAPI que filtran datos del sistema estatal, los agentes aduaneros que colaboran o permiten la operación, los fiscales que ordenan bloqueos sin verificar evidencia, y las empresas titulares o licenciatarias de marcas que buscan eliminar a como dé lugar a la competencia.
About Author
