Desvío de fondos en IPS: ¿A qué se exponen los responsables por incumplir el contrato?
Fachada del Hospital Central de IPS. Foto: Gentileza.
La Superintendencia de Bancos debe intervenir de manera urgente ante las irregularidades detectadas en el contrato fiduciario del IPS y la entidad bancaria responsable, por el desvío de fondos originalmente destinados a construir hospitales, dejando obras inconclusas y servicios de salud comprometidos. A pesar de destinarse la recaudación del programa de salud del IPS a la cuenta fiduciaria, solo una fracción se invirtió en los proyectos hospitalarios, con auditorías que revelan “obras fantasmas” y pérdidas millonarias.
Resulta fundamental que el organismo regulador tome medidas inmediatas, que podrían incluir el cambio del fiduciario o la apertura de una investigación rigurosa sobre el manejo de los fondos destinados originalmente a proyectos de infraestructura hospitalaria, en el marco del contrato fiduciario del Instituto de Previsión Social (IPS) con una entidad bancaria.
La recaudación del programa de salud del IPS, gestionada por el banco, aún no se traduce en las obras prometidas, lo que despierta dudas sobre la transparencia y eficacia en el uso de estos recursos. Desde Asesoría Jurídica del IPS confirmaron que se transfiere el 100% de la recaudación diaria del fondo de salud a la cuenta fiduciaria y retorna el 85% del monto en 30 días.
En 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes, el IPS firmó un contrato de fideicomiso buscando un manejo eficiente y especializado de los fondos destinados a la construcción de cuatro hospitales: el Hospital Hemato-Oncológico, una policlínica, un Hospital Día y la culminación del hospital de Ingavi. La estructura fiduciaria fue diseñada para asegurar que los fondos se canalizaran exclusivamente hacia estos proyectos de infraestructura, con un banco de plaza actuando como garante de la administración y ejecución de estos recursos en coordinación con el IPS.
Sin embargo, en diciembre de 2018, bajo la administración de Mario Abdo Benítez, el contrato fue modificado mediante una adenda que introdujo la posibilidad de destinar los fondos a “otros centros de salud”. Este cambio desvirtuó el propósito original del contrato, permitiendo la expansión del uso de los recursos hacia proyectos no contemplados inicialmente y diluyendo la finalidad de construir infraestructura hospitalaria crítica.
De acuerdo con las actuales autoridades del IPS, el 77% de los G. 828 mil millones de guaraníes gestionados por el banco se destinaron a estos “otros centros de salud”, ejecutando 40 licitaciones que no guardan relación directa con las obras inicialmente previstas. Como resultado, de los cuatro hospitales proyectados, solo dos se completaron y el hospital Hemato-Oncológico, de vital importancia para el tratamiento de pacientes oncológicos, no se materializó. Sin embargo, los fondos se agotaron sin que estas obras se reflejen en mejoras tangibles para los asegurados.
A principios de este año, una auditoría externa del IPS reveló varias irregularidades en la ejecución del contrato fiduciario, incluyendo desvíos en la administración de fondos y el incumplimiento de las metas originales del contrato. A raíz de estos hallazgos, las autoridades de la previsional presentaron una denuncia penal en la Fiscalía, la cual quedó a cargo del fiscal Néstor Coronel. La denuncia busca determinar posibles responsabilidades penales y administrativas relacionadas con el desvío de los recursos y la falta de cumplimiento en las obras pactadas durante la administración de Vicente Bataglia, en la era de Mario Abdo Benítez.
Paralelamente, la Auditoría Interna del IPS inició una revisión de dos de las 40 licitaciones realizadas bajo la figura de “otros centros de salud”, descubriendo en su informe de 448 páginas la existencia de 21 obras fantasmas con una diferencia de G. 1.600 millones entre lo que fue certificado y pagado, versus lo que realmente se ejecutó.
Con este lapidario informe, la Fiscalía podrá avanzar en su pesquisa y además permitirá que otras instancias, como la Superintendencia de Bancos, actúe sobre el contrato fiduciario, dado que los recursos del fideicomiso no se utilizaron correctamente, pese a que el banco fiduciario tenía la obligación de garantizar su cumplimiento a cabalidad y hasta la fecha sigue administrando los fondos de la previsional.
En marzo de este año, el presidente del IPS, Jorge Britez, remitió un pedido de informe al titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, referente al fideicomiso, debido a que la previsional enfrenta una demanda del Consorcio Hospitalario por G. 11 mil millones, monto que era objeto del contrato de fiducia. En la nota se solicita información referente a si el encargo fiduciario llevado a cabo por la entidad fiduciaria cumple con los criterios técnicos y jurídicos establecidos por el Banco Central del Paraguay, los parámetros del Contrato y la normativa legal vigente en dicha materia. (Ver PDF)
En ese sentido, la Superintendencia de Bancos no solo tiene el poder de auditar el cumplimiento del contrato fiduciario, sino también de intervenir en casos donde se demuestre un uso indebido o una administración inadecuada de los recursos, especialmente cuando existen indicios tan graves de desvío de recursos y de falta de control riguroso en el uso de los fondos públicos, con desembolsos de dinero a funcionarios que no estaban habilitados en el contrato ni fueron comunicados al Consejo de Administración del IPS para solicitar los pagos a las contratistas.
Este caso de corrupción gigantesca requiere una acción inmediata por parte de las autoridades regulatorias, no solo para esclarecer lo ocurrido, sino también para proteger el futuro de los recursos destinados a la salud de miles de paraguayos.
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