Urge reforma en el BCP tras cierre de Ueno: ¿Puede adoptar modelo chileno?
La crisis de Ueno Bank dejó una pregunta que va más allá de cómo se resolverá la situación de la entidad y se devolverán los depósitos: ¿el modelo institucional del Banco Central del Paraguay (BCP) necesita una reforma para prevenir situaciones similares?
La experiencia reabrió el debate sobre la estructura de la autoridad bancaria, la independencia de sus órganos de supervisión, la cantidad y el perfil de sus autoridades, así como los mecanismos para detectar riesgos antes de que se conviertan en una crisis tal como sucedió con ueno.
Entre las alternativas que se plantean aparece la posibilidad de revisar el modelo chileno, que cuenta con una institucionalidad específica para la estabilidad financiera y distingue las funciones de supervisión de otras instancias de coordinación y análisis de riesgos.
En el esquema de Chile, las superintendencias mantienen sus tareas de fiscalización y control de las entidades bajo su competencia, mientras que un órgano especializado en estabilidad financiera se encarga de evaluar los riesgos que pueden comprometer al conjunto del sistema. Un aspecto importante es que este órgano de control es independiente del banco central. Y esta posibilidad cobra fuerza en nuestra situación actual ante los cuestionamientos que surgen en torno a las decisiones que se tomaron dentro del BCP.
Otra de las alternativas que se mencionan es ampliar la cantidad de integrantes del Directorio del Banco Central y revisar los requisitos para ocupar esos cargos. Esto con el fin de fortalecer la pluralidad de conocimientos y experiencias dentro de la conducción de la institución.
También se plantea revisar los criterios de selección, los antecedentes profesionales, la independencia y los posibles vínculos de quienes llegan a ocupar puestos de decisión.
Ayer lunes, la Contraloría General de la República presentó dos anteproyectos de ley al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, a través del contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres.
Una de las iniciativas plantea derogar la Ley 7236/2024 y restablecer el texto original de la Ley 7089/2023, sobre prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública.
La propuesta busca recuperar las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en los mecanismos de prevención de conflictos de intereses.
El proyecto incorpora, además, una restricción de dos años para miembros del Directorio del BCP, superintendentes de Bancos, Seguros y Valores y funcionarios que hayan tenido intervención determinante en decisiones regulatorias. Durante ese periodo, no podrían ocupar cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en entidades supervisadas ni en empresas de sus respectivos grupos económicos.
La iniciativa apunta a evitar que quienes tuvieron poder de decisión sobre una entidad financiera pasen inmediatamente a trabajar para esa misma empresa o para compañías vinculadas.
El segundo anteproyecto plantea una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría. Entre los principales cambios propuestos figuran:
Acceso a datos estatales en tiempo real que permitiría a la Contraloría consultar directamente y de manera permanente los registros digitales de los organismos públicos, sin depender exclusivamente de la documentación que cada institución le entregue.
El cobro efectivo de multas, con mecanismos de retención sobre haberes y un Registro Público de Sanciones.
El uso de inteligencia artificial para detectar anomalías, con supervisión humana, trazabilidad y derecho a explicación.
El control de declaraciones juradas, que permitiría examinar la correspondencia patrimonial incluso con una sola declaración jurada y también mientras el funcionario continúa en el cargo.
Además de permitir auditorías de emergencias y la posibilidad de remitir antecedentes a la Procuraduría para impulsar acciones civiles de recuperación de fondos públicos.
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