Problemática de feminicidios reflota necesidad de aplicar el sistema de monitoreo
Tobilleras electrónicas.
El terrible feminicidio de Kathia Monserrat Brítez Torres (20), asesinada por su expareja Osvaldo Luis Zaracho Fernández (21), quien violó su arresto domiciliario, trajo de vuelta a discusión la necesidad de la implementación de las tobilleras electrónicas, cuya ley se encuentra aprobada desde el 2017, pero sigue sin ser reglamentada, lo cual impide su aplicación en nuestro país.
A raíz de la gran conmoción que generó este caso, las nuevas autoridades se comprometieron a de una vez por todas llevar a cabo la ejecución gradual de las tobilleras para las personas con arresto domiciliario. El compromiso es que el proyecto sea una realidad dentro de los primeros 100 días de Gobierno.
Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna, adelantó que en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema, se redactará en estos días la reglamentación, siendo uno de los puntos en discusión la forma en que se aplicará y controlará.
En cuanto a la forma, se discute la posibilidad de alquilar los dispositivos en vez de adquirirlos. Respecto al control, un grupo especial de la Policía será responsable del monitoreo, no así el sistema 911 que ya se encuentra saturado de trabajo.
El ministro del Interior, Enrique Riera, también anunció que en estos días se resolverán todos los puntos para organizar el esquema y no descartó que las víctimas denunciantes tengan en sus teléfonos celulares la opción de un “botón de pánico”, para emitir una alerta en caso de violación de la prisión domiciliaria u orden de restricción por parte del agresor.
Mientras que la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, indicó que a partir de ahora se revisará el protocolo vigente para poder brindar asistencia a las mujeres denunciantes, de modo a brindar prevención y atención.
LO QUE ESTABLECE LA LEY
La Ley N° 5863, promulgada el 4 de septiembre de 2017, incluyó el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) en nuestro sistema penal, de modo a controlar mediante las pulseras o tobilleras electrónicas a personas con arresto domiciliario y con libertad ambulatoria.
Mientras que en junio del 2020 fue promulgada la Ley 6.568 que introduce una modificación a la Ley N° 1600/2000 “Contra la Violencia Doméstica”, mediante el cual se habilita el uso de estos dispositivos electrónicos en aquellos que incurran en el hecho punible de violencia doméstica y se les imponga exclusión de hogar o prohibición de acercarse a la víctima.
De acuerdo con esta norma, un juez puede imponer la obligación del uso del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control, que permitirá el conocimiento de la ubicación exacta del ofensor de modo a realizar un seguimiento y control normal del cumplimiento de las medidas de protección en casos de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de la víctima.
ALARMANTES CIFRAS
La violencia doméstica es un problema grave que afecta a muchas personas en Paraguay. Desde enero hasta diciembre del año pasado, se registraron un total de 31.623 denuncias por violencia familiar en Paraguay. En promedio se recibieron 2.635 denuncias al mes, equivalente a 86 víctimas por día, cifra que expone el drama actual que se vive.
La problemática se agravó este año, ya que en el primer trimestre del 2023 la Fiscalía ya recibió un total de 8.327 casos, siendo enero el mes con más víctimas atendidas en un día, con un promedio de 97.
Lo más terrible es que este año suman 25 casos de feminicidio, según los datos oficiales del Ministerio de la Mujer. De acuerdo con su Dirección General del Observatorio de Género, el número de hijos e hijas en situación de orfandad como consecuencia de este flagelo social incluidos mayores de edad, alcanzan un total de 35 víctimas colaterales hasta fines del mes de julio de este año. El promedio de ocurrencia de feminicidios en Paraguay desde enero a fines de julio del 2023 fue de 1 caso cada 8 días.
Se espera que el sistema de tobillera electrónica permita contrarrestar en cierta medida situaciones de esta índole, además de descomprimir la población carcelaria que supera las 16.000 personas privadas de libertad, pero solo el 30% tiene sentencia, mientras que el resto cuenta con prisión preventiva.
Con este aparato se podrá controlar además el cumplimiento del arresto domiciliario. Según datos de la Policía, solo en el Departamento Central hay más de 2.000 personas que se encuentran con esta medida judicial. Esto sin contar con las que tienen salida transitoria de prisión o libertad ambulatoria. En el régimen semiabierto hay alrededor de 300 personas -entre hombres y mujeres- con estas salidas transitorias y libertad condicional.
Estos dispositivos representan una herramienta eficaz para combatir la violencia doméstica y supervisar a personas en prisión domiciliaria, brindando seguridad y garantizando el cumplimiento de las medidas judiciales en el país. Su implementación permitirá dar un paso hacia una sociedad más segura y protegida.
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