Pretenden cambiar forma de certificar idioma de estudiantes extranjeros
Un proyecto de ley presentado en el Senado busca modificar la Ley N° 7324/24, que actualmente exige a los estudiantes extranjeros acreditar el dominio del idioma oficial, castellano o guaraní, mediante certificados o exámenes estandarizados reconocidos internacionalmente.
La propuesta impulsada por los senadores Basilio “Bachi” Núñez, Patrick Kemper, Óscar Salomón, Pedro Díaz Verón y Silvio Ovelar plantea que sean las propias universidades las encargadas de evaluar la competencia lingüística de sus alumnos extranjeros.
El debate divide opiniones entre quienes defienden la autonomía universitaria y quienes alertan sobre una privatización encubierta del proceso de certificación lingüística.
La actual Ley 7324/24, reglamentada por la Resolución CONES N° 305/2024, establece que las universidades no pueden certificarse a sí mismas, garantizando que la verificación del idioma sea supervisada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), como órgano rector del sistema.
El nuevo proyecto elimina esa obligación y autoriza a las universidades a realizar las evaluaciones internas, lo que, en la práctica, descentraliza el control del Estado y abre la puerta a que cada institución acredite la suficiencia lingüística con los criterios que disponga el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Además, la modificación propone que el certificado ya no sea exigido si el plan de estudios de la carrera incluye una materia de idioma oficial, lo que relaja aún más los estándares de control sobre el manejo del castellano o guaraní.
El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte, advirtió que la modificación debilita la rectoría del Estado y pone en riesgo el control de calidad educativa y la defensa de las lenguas nacionales.
El titular de ANEAES explicó que la actual norma establece claramente la rectoría del CONES en el control del tema lingüístico, algo que considera fundamental. Agregó que, en el caso de carreras sensibles como Medicina, donde hay cerca de 35.000 estudiantes brasileños, el manejo adecuado del idioma no es solo una cuestión legal o administrativa, sino también de seguridad y calidad profesional.
A su parecer, la ley actual es justa y la modificación sería un retroceso, por lo que debería ser rechazada.
About Author
