Giuzzio ante la justicia: juicio por coima de narcotraficante
El exministro del Interior y de la Senad, Arnaldo Giuzzio, debe afrontar a la justicia por el presunto cohecho pasivo, y además está siendo investigado por la filtración de información confidencial de la Seprelad.
El exfuncionario, alineado al equipo político de Mario Abdo Benítez, tiene fijado su juicio oral y público para el 18 y 19 de febrero de 2026, bajo la presidencia de la jueza Adriana Planás Bajac, junto a los magistrados Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel de Ramírez.
La causa principal se centra en la relación directa y constante de Giuzzio con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, detenido en Brasil por lavado de dinero y tráfico de drogas, quien buscaba convertirse en proveedor del Estado paraguayo ofreciendo chalecos antibalas y vehículos blindados. Según la Fiscalía, entre julio de 2021 y febrero de 2022, el exministro recibió beneficios indebidos, incluyendo el blindaje de un vehículo policial como “cortesía” y el préstamo gratuito de un vehículo blindado para vacaciones familiares en Brasil.
Las comunicaciones se habrían realizado por WhatsApp, tanto a números personales de Vinicius como a líneas registradas a nombre de la empresa Black Eagle, además de reuniones presenciales, incluso en el campo de tiro de la FOPE.
En el marco de esta causa, la Fiscalía también investiga la posible facilitación de información para permitir la evasión de Lindomar Reges Furtado, otro brasileño vinculado al lavado de dinero y la importación de vehículos para tráfico de drogas, quien logró escapar durante un operativo en el Paraná Country Club en febrero de 2023.
Para ello, el fiscal Jorge Arce solicitó además la incorporación de desgrabaciones de los celulares de Lindomar, incautados en Brasil, como prueba clave. De ser admitida, esta evidencia podría ampliar la causa más allá del cohecho y potencialmente incluir delitos vinculados al narcotráfico.
Durante el proceso, la defensa de Giuzzio desplegó maniobras dilatorias e inverosímiles. En una de ellas, el abogado Emilio Fúster llegó a recusar a dos miembros del Tribunal de Sentencia, con el insólito argumento de que su defendido había criticado públicamente a los magistrados, por lo que estos debían apartarse de la causa. La Cámara de Apelaciones rechazó este recurso, dejando firme la realización del juicio oral.
Su presunta vinculación con el narcotráfico podría reafirmarse al tener en cuenta su gestión en la Senad, donde mediante la Resolución N.º 142, Giuzzio cerró la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada del control de cargas en puertos privados. Esta decisión eliminó controles estratégicos y facilitó la salida de cargamentos de cocaína hacia Europa, en un contexto en el que, entre 2020 y 2023, se incautaron más de 54 toneladas de droga en puertos europeos, contrastando con los decomisos mucho menores en Paraguay.
Por otra parte, Giuzzio también está implicado en la causa por la filtración de información confidencial de la Seprelad, relacionada con las denuncias contra el expresidente Horacio Cartes que primero se divulgaron a la prensa y luego fueron enviadas a Estados Unidos para las sanciones.
Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester acusaron a la gavilla abdista por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio. Están implicados Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Pedra Galeano y Francisco Pereira Cohene.
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