Gavilla de Abdo debe afrontar a la justicia
Carmen Pereira, Mario Abdo Benítez y Carlos Arregui.
La filtración de la Seprelad, institución que fue utilizada como un instrumento político para debilitar a los adversarios del Gobierno de Mario Abdo Benítez, derivó en la imputación y posterior acusación contra los implicados en el escandaloso caso.
En marzo de 2025, la Fiscalía presentó formalmente la acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen María Pereira, Daniel Alberto Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene por delitos como asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio. Aunque los fiscales apuntan también a la responsabilidad del expresidente Mario Abdo Benítez y del diputado Mauricio Espínola, estos no figuran como acusados debido a los fueros institucionales que los protegen.
El origen del caso data del 31 de julio de 2023, cuando Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, presentó una denuncia que luego fue ampliándose. En marzo de 2024, se formalizó una imputación colectiva contra Abdo y su equipo, sustentada con 42 elementos probatorios que apuntan a una estrategia coordinada de persecución política.
Una de las piezas clave del expediente es un documento interno registrado en la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad. Según la acusación, fue redactado por Daniel Farías y René Fernández, pese a que ninguno de los dos era funcionario de esa institución.
El archivo contenía datos sensibles, incluidos los salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich. La Fiscalía sostiene que dicho documento tendría un doble propósito: filtrar información confidencial hacia medios vinculados al abdismo para generar presión mediática, y servir como insumo técnico para el informe de inteligencia que luego fue enviado a EEUU como “información espontánea” para sustentar las sanciones contra Cartes y sus empresas.
El operativo implicó la creación de una oficina paralela dentro de la Seprelad, integrada por funcionarios ajenos y sin atribuciones legales, con la finalidad de concentrarse exclusivamente en investigaciones contra Cartes y su entorno. El entonces ministro Carlos Arregui y Carmen Pereira (directora de Análisis Financiero y luego secretaria adjunta) encabezaron la constitución de esa estructura informal, que actuaba independientemente de los canales oficiales. También estuvieron implicados René Fernández, como editor del documento redactado, que excedía las competencias de su cargo en la Secretaría Nacional Anticorrupción, y el asesor Daniel Farías Kronawetter.
La operación combinó manipulación de datos, uso de estructura estatal y filtraciones organizadas con el objetivo de crear un escenario internacional que fortaleciera la imposición de sanciones contra Cartes. Fue así que un elemento determinante fue el envío del documento a EEUU bajo la figura de “información espontánea”. El 31 de marzo de 2022, a las 08:58, Carmen Pereira remitió instrucciones para que dicho reporte secreto sea compartido con la FinCEN, sin que existiera un requerimiento externo formal. Este documento, fechado el 1 de abril de 2022, fue enviado tres meses antes de que la Embajada de EE.UU. en Paraguay divulgara la lista de personas declaradas “significativamente corruptas”.
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