Campaña de desprestigio y guerra comercial por “fiebre” de inyectables adelgazantes
La industria farmacéutica paraguaya sufre una campaña de desprestigio impulsada desde Brasil, en medio de una fuerte disputa comercial por los inyectables para la pérdida de peso, un segmento que se convirtió en uno de los mercados más rentables. El mismo principio activo que en Paraguay se vende a precios accesibles, en Brasil cuesta hasta tres veces más caro.
El foco del conflicto es la tirzepatida, un agonista de GLP-1 que revolucionó los tratamientos contra la obesidad y la diabetes tipo 2. En Paraguay, los laboratorios locales producen versiones del medicamento que se comercializan legalmente y desde hace tiempo en el mercado. En Brasil, el mismo principio activo se vende bajo marca patentada como Mounjaro a valores más elevados.
Una caja de tirzepatida de 5 mg para cuatro aplicaciones cuesta en Brasil 2.355 reales, unos G. 2.970.000. En Paraguay, la misma presentación se consigue por alrededor de G. 369.710. El kit de 7 mg vale 3.136 reales en Brasil (al cambio G. 3.959.000), frente a G. 746.000 en el mercado paraguayo. Las ampollas de 10 mg alcanzan los 3.601 reales en Brasil (unos G. 4.550.000), mientras que en Paraguay rondan los G. 662.340.
Esta brecha en el precio encendió una fiebre de consumo en la frontera, pero también abrió la puerta al contrabando, al crimen organizado y a una campaña de desprestigio desde Brasil contra los productos paraguayos.
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), reguladora brasileña, lanzó reiteradas alertas sobre los medicamentos paraguayos que ingresan ilegalmente a ese país. El organismo advierte que estos productos requieren receta médica por duplicado y enfatiza que su uso sin supervisión profesional puede provocar efectos adversos como pancreatitis, problemas oculares y otras complicaciones.
En 2025, Anvisa incluso prohibió la comercialización de los productos paraguayos conocidos en Brasil como caneta emagrecedora (pluma adelgazante). Oficialmente, el argumento central es el sanitario, ya que al tratarse de productos que ingresan de contrabando, no se puede garantizar que hayan cumplido con la cadena de frío.
Sin embargo, en paralelo a estas advertencias técnicas, se instaló en los medios de comunicación brasileños y en las redes sociales impulsada por los influencers, una narrativa que apunta directamente a la supuesta “mala calidad” de los medicamentos paraguayos, un discurso que cruza la línea de la prevención sanitaria y se convierte en una campaña de ataque con claros intereses comerciales.
El viceministro de Salud Integral, Saúl Recalde, salió al cruce de estas acusaciones y defendió la calidad de los productos fabricados en Paraguay. Señaló que los laboratorios nacionales cumplen estándares internacionales y que las moléculas producidas localmente son seguras, eficaces y utilizadas desde hace años.
Reconoció que el problema no es el medicamento, sino que lo es la automedicación, la clandestinidad y el contrabando. A su criterio, lo que ocurrió en Brasil fue una “satanización” de un fármaco clínicamente útil, impulsada por una disputa comercial vinculada a patentes.
El viceministro indicó que el contrabando agrava la situación, ya que se desconoce cómo se transportan los medicamentos hacia Brasil y si se respeta la cadena de frío.
La diferencia de precios convirtió a los inyectables adelgazantes en un botín codiciado. En la frontera, la alta demanda brasileña impulsó no solo el contrabando, sino también una seguidilla de asaltos a camiones transportadores y farmacias, especialmente en zonas cercanas a Ciudad del Este.
Las organizaciones criminales encontraron en estos medicamentos una nueva “mina de oro”. Según datos que manejan en Brasil, en 2024 se incautaron 2.500 unidades de estos productos ingresados ilegalmente desde Paraguay. En 2025, la cifra se disparó a 30.011 unidades. Y solo entre enero y el 2 de febrero de 2026 ya fueron decomisadas 6.415 unidades. Las autoridades brasileñas reportan métodos cada vez más sofisticados, como las dosis ocultas en fondos falsos de buses y tableros de automóviles.
A diferencia de Brasil, donde la receta es obligatoria, en Paraguay su venta es libre. Las Sociedades de Endocrinología y Diabetología advierten sobre el uso indiscriminado de estos fármacos y piden al Ministerio de Salud una regulación más estricta ante posibles efectos adversos.
Exigir receta podría mejorar el control sanitario y se evitarán las contraindicaciones, pero también incentivar un mercado negro e incluso la falsificación de los productos, ante la alta demanda de estos fármacos.
https://x.com/CajaNegraPy/status/2021383600449425527
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