Decretos impulsarán inversiones en industrias convergentes
Paraguay vuelve a discutir hoy el rumbo de su energía, en torno a quién la usará, para qué modelo de país se destinará y a quién beneficia ahora que sigamos exportando electricidad barata en lugar de transformarla en industria, inversiones y puestos de trabajo.
La reciente promulgación de dos decretos del Poder Ejecutivo abrió un debate sobre la política energética. Ambas normativas forman parte de una estrategia orientada a transformar la energía en un insumo para la industrialización, la atracción de inversiones y la generación de empleo calificado.
Por un lado, tenemos el Decreto N° 5306, el cual crea el régimen de Industrias Convergentes y establece un esquema tarifario especial para empresas de alto consumo energético que desarrollen actividades productivas vinculadas a la tecnología, la transformación industrial y los servicios digitales. El régimen establece una vigencia de hasta 15 años, con posibilidad de actualizaciones anuales.
Las empresas interesadas deberán presentar un plan en el que se especifique la incorporación progresiva de bienes, servicios y mano de obra nacional, así como mecanismos de vinculación con empresas paraguayas, programas de capacitación y acciones de transferencia de capacidades técnicas. El cumplimiento de estos compromisos será verificado por el Ministerio de Industria y el MITIC.
Por otro lado, tenemos el Decreto N° 5307, el cual incorpora dentro de esta política el desarrollo de iniciativas denominadas “Energía a X”, orientadas a la producción de vectores energéticos y materias primas a partir de energía eléctrica, como hidrógeno, amoníaco, metanol y queroseno. Para este grupo de proyectos, las tarifas eléctricas también podrán tener una vigencia de hasta 15 años.
Desde el Gobierno remarcaron que ambos decretos establecen condiciones mínimas en materia de tarifas, plazos y mecanismos de reajuste, con el objetivo de ofrecer previsibilidad jurídica a los inversores. Además, la ANDE conserva la potestad de analizar cada proyecto y decidir si firma o no contratos de suministro, de acuerdo con la disponibilidad de energía.
Al respecto, el ministro de Industria, Javier Giménez, señaló que el esquema busca convertir la ventaja comparativa del país en energía renovable en una plataforma para el desarrollo industrial y tecnológico. Ejemplificó que un data center de gran escala consume alrededor de 100 megavatios, lo que representa aproximadamente el 2 % de la demanda máxima del país. Proyectos de ese tamaño pueden implicar inversiones de unos USD 1.000 millones, con un gran impacto en generación de empleo, ya que durante la fase de construcción podrían generarse hasta 9.000 puestos de trabajo y, luego, alrededor de 2.000 empleos directos de alta calificación.
En cuanto a las tarifas, el ministro explicó que el precio establecido es de USD 30 por megavatio hora para proyectos Energía a X y USD 38 por MWh para data centers. Señaló que el costo promedio actual de la mezcla energética paraguaya (entre Itaipú, Yacyretá y Acaray) es de USD 27,56 por MWh y que, incluyendo gastos adicionales, podría alcanzar como máximo los USD 29 por MWh. Con estos valores, existe un margen aproximado del 32 %, lo que descarta que la energía se subsidie y garantiza que la venta bajo este régimen se realice por encima del costo.
Sin embargo, ambos decretos generan críticas por parte de algunos técnicos y exautoridades del sector energético. Entre ellos, el ingeniero Pedro Ferreira, exgerente técnico de la ANDE, expresó su preocupación por el plazo de 15 años de los contratos y el monto fijado para el pago. En un cruce de palabras con el ministro, el ingeniero Ferreira evidenció que en realidad le molestaba que las empresas bajo el nuevo régimen paguen menos que algunas criptomineras ya instaladas en el país.
Estas expresiones evidencian que algunos que hoy cuestionan los decretos en realidad aparentemente operarían a favor de otros intereses con la fachada del discurso de la soberanía energética, ya que las crioptominerías no están incluidas en el nuevo régimen.
Ante estas críticas y para dar tranquilidad a la ciudadanía, el ministro de Industria aseguró que los decretos darán previsibilidad jurídica para los inversores, atraerán industrias de alta tecnología con proyectos de mil millones de dólares, crearán empleos de alta calidad, y por sobre todo, permitirán que la ANDE decida con quiénes hacer los negocios.
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