Cómo se armó la confabulación en el gobierno abdista
Tres meses antes de las designaciones contra el expresidente Horacio Cartes, fueron enviados por la Seprelad a Estados Unidos informes “espontáneos” y sin valor probatorio. La información, incompleta y con errores, fue utilizada como base de una persecución política durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.
Según los registros oficiales, los documentos filtrados por la organización Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), exponen la estrecha colaboración entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la FinCEN, oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Uno de los informes más reveladores, fechado el 1 de abril de 2022, fue remitido tres meses antes de la declaración de EE.UU. a Cartes. Se trata de un “informe espontáneo”, es decir, un envío realizado sin solicitud previa del país receptor, según el propio manual de procedimientos de la Seprelad.
La documentación filtrada muestra que se incluyeron recortes de prensa, interpretaciones parciales y datos erróneos sobre el grupo empresarial de Cartes. En total, fueron 28 reportes de inteligencia financiera, que suman más de 1.600 páginas, sin valor judicial ni administrativo, conforme a la normativa interna de la institución.
El Manual de Tratamiento de Información de la Seprelad establece expresamente que los informes de inteligencia “no pueden ser utilizados como prueba en procesos judiciales o administrativos”. Sin embargo, los documentos filtrados confirman que estos reportes se emplearon para sustentar ataques políticos y mediáticos durante la administración de Mario Abdo Benítez.
La Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, responsable de la cooperación internacional, fue dirigida hasta enero de 2022 por Carmen Pereira, exviceministra considerada una de las principales articuladoras de filtraciones de documentos internos a los medios locales afines al abdismo.
En 2022, comenzaron una serie de publicaciones y denuncias mediáticas contra el entorno del exmandatario, que coincidieron con la estrategia política de la administración abdista.
El propio Eduardo Petta, exministro de Educación, reveló públicamente que Mario Abdo Benítez conformó su gabinete con cinco exfiscales con el objetivo de continuar una línea investigativa contra Horacio Cartes. Entre ellos citó a Carlos Arregui, Emilio Fúster, René Fernández, Arnaldo Giuzzio y él mismo.
Cada uno de estos funcionarios tuvo un rol en el esquema. Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior, denunció personalmente a Cartes por lavado de dinero sin presentar pruebas documentales. René Fernández, al frente de la Secretaría Nacional Anticorrupción, elaboró un informe sobre Tabesa y Tabacos USA, señalando supuestos lavados de activos. Y Carlos Arregui, como ministro de la Seprelad, filtró documentos al Congreso en los que atacaba al Grupo Cartes. Estos papeles fueron calificados como “mamotreto”, ya que solo reproducían fragmentos del informe de Giuzzio sin aportar nuevos elementos.
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