TSJE elimina exigencias clave y abre la puerta a tecnologías no auditadas
La licitación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la compra de 28.000 máquinas de votación, con un precio de referencia de 93 millones de dólares, genera serias sospechas de direccionamiento. Diversos aspectos del pliego de bases y condiciones parecerían estar diseñados para favorecer a Smartmatic, una empresa venezolana con un largo historial de denuncias y vínculos con el régimen chavista.
De acuerdo con el PBC, el TSJE exige que todos los miembros del consorcio oferente tengan una antigüedad mínima de cinco años, un requisito que excluye a nuevas empresas paraguayas surgidas a partir de las elecciones de 2021, muchas de las cuales ya proveyeron exitosamente servicios de máquinas de votación, certificados incluso por la propia Justicia Electoral.
Además, en este proceso licitatorio existe una contradicción llamativa en el pliego: mientras el Punto 2 exige “experiencia en provisión de dispositivos electrónicos”, el Punto 5 exige “experiencia en venta”, una diferencia que parece haber sido incorporada para limitar aún más la competencia. Esto teniendo en cuenta que, en procesos de compra de tecnología electoral, lo relevante es la capacidad de fabricación, provisión, soporte y asistencia técnica, no necesariamente la modalidad de venta.
Históricamente, el TSJE permitía acreditar la antigüedad de los consorcios de manera combinada entre sus miembros. Sin embargo, en esta licitación, la institución pública cambió el criterio de forma restrictiva, pese a que ya conoce la trayectoria de varias empresas por contrataciones que había hecho con anterioridad.
Otro aspecto llamativo es que el TSJE eliminó la prohibición de ofertar “prototipos”, permitiendo así que se presenten tecnologías no probadas ni auditadas, lo cual supone un riesgo para el éxito de los procesos electorales, en atención a que se estaría gastando más de 90 millones de dólares en sistemas sin historial comprobado de funcionamiento.
Todos estos cambios en los requisitos despiertan fuertes sospechas de direccionamiento. Smartmatic, fundada en Venezuela y vinculada al régimen de Hugo Chávez, aparece como la principal beneficiada, pese a que en su historial incluye denuncias de irregularidades electorales en varios países de América Latina y una investigación en Estados Unidos que la obligó a vender una filial por presunta influencia extranjera.
En agosto de 2024, Roger Piñate, fundador de Smartmatic, fue acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU. de delitos de corrupción vinculados a procesos electorales en Filipinas. A esto se suma que Daniel Zauca, empresario vinculado a Smartmatic y representante de la firma Excelsis en Paraguay, aparece en redes sociales como consultor de la empresa venezolana, mencionando explícitamente su participación en las elecciones de Venezuela.
Con estos antecedentes, el diseño del pliego, los requisitos restrictivos y la eliminación de garantías básicas como la prohibición de prototipos, el proceso licitatorio del TSJE no solo genera dudas sobre su transparencia, sino que pone en riesgo la credibilidad de futuros procesos electorales en nuestro país.
About Author
