Sigue cajoneada la ley de tobilleras electrónicas
Tobilleras electrónicas.
Pasaron seis años de su promulgación y hasta la fecha sigue sin ser aplicada la ley de pulseras o tobilleras electrónicas para el control de las personas, esto ante la falta de la reglamentación de la normativa.
La Ley N° 5863, promulgada el 4 de septiembre de 2017, incluyó el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) en nuestro sistema penal, de modo a controlar mediante las pulseras o tobilleras electrónicas a personas con arresto domiciliario y con libertad ambulatoria.
Mientras que en junio del 2020 fue promulgada la Ley 6.568 que introduce una modificación a la Ley N° 1600/2000 “Contra la Violencia Doméstica”, mediante el cual se habilita el uso de estos dispositivos electrónicos en aquellos que incurran en el hecho punible de violencia doméstica y se les imponga exclusión de hogar o prohibición de acercarse a la víctima.
De acuerdo con esta norma, un juez puede imponer la obligación del uso del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control, que permitirá el conocimiento de la ubicación exacta del ofensor de modo a realizar un seguimiento y control normal del cumplimiento de las medidas de protección en casos de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de la víctima.
El sistema de tobillera electrónica es una tecnología que permite rastrear con un dispositivo localizador. Su puesta en vigencia permitirá de cierta manera descomprimir la actual población carcelaria que supera las 16.800 personas privadas de libertad, de las cuales 15.949 son hombres y 867 mujeres. De estos internos, solo el 30% tiene sentencia, mientras que el resto cuenta con prisión preventiva.
Mientras que, de acuerdo con el comandante de la Policía, Crio. Gilberto Fleitas, solo en el Departamento Central hay más de 2.000 personas que se encuentran con arresto domiciliario. Esto sin contar con las que tienen salida transitoria de prisión o libertad ambulatoria. En el régimen semiabierto hay 308 personas -entre hombres y mujeres- con estas salidas transitorias y libertad condicional.
Conforme al análisis llevado a cabo por la Comisión Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, cuyo titular es el senador Fernando Silva Facetti, 7 de cada 10 privados de libertad se encuentran en prisión por cargos de violencia y delitos menores. En ese sentido, el legislador señaló que con la implementación de las pulseras electrónicas en Uruguay, se redujo a cero la incidencia en la violencia familiar.
Pese a su importancia, hasta el momento la normativa sigue sin aplicarse. De acuerdo con Silva Facetti, el primer inconveniente fue sobre la autoridad de aplicación que recaía en la Corte Suprema de Justicia, pero que se modificó en el 2019 con la ley N. 6345 para que sea atribución del Ejecutivo, y quede en manos de los Ministerios del Interior y de Justicia.
Ahora se debaten las vías posibles para su puesta en marcha. Desde la Dirección Nacional de Contrataciones plantearon dos opciones durante una mesa de trabajo interinstitucional con representantes de varios entes del Estado realizada semanas atrás en el Congreso: una podría ser a través de una concesión, en cuyo caso es el beneficiario el que tendría que pagar a la empresa que tiene la concesión y la otra sería a través de un llamado a licitación, en cuyo caso sería el Estado el que abone.
En la actualidad, tal como lo considera el abogado y ex legislador Oscar Tuma, es “una ficción” el arresto domiciliario, en atención a la falta de una buena dotación de efectivos policiales para controlar que la persona realmente cumpla con esta disposición.
En el país ya se encuentran instaladas varias empresas que cuentan con dicha tecnología, según Tuma, por lo que no será complicado acceder a esta alternativa procesal en el caso de que el costo recaiga en la persona interesada.
A su vez, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, aseguró que los jueces de Paz están dispuestos a aplicar la normativa pero que se ven impedidos ante la falta de su reglamentación para la adquisición de los aparatos electrónicos. Destacó asimismo que urge su implementación para disminuir los casos de feminicidios en el país.
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