Seguridad jurídica en jaque: denuncian a jueza por frenar desalojo de planta arrocera
Corte Suprema de Justicia Paraguay. Foto: PJ.
La empresa Avícola Itapúa SA denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel, de Presidente Franco, por presunto mal desempeño de funciones. El caso expone un conflicto judicial que amenaza la seguridad jurídica en el país y pone en riesgo una inversión millonaria.
Según la firma denunciante, la magistrada dictó en cuestión de minutos, una medida cautelar que dejó sin efecto un mandamiento de desalojo previamente ordenado por otro juzgado de Encarnación. Esa decisión impidió que la empresa Avícola Itapúa tomara posesión de una planta industrial arrocera que había adquirido en subasta pública, tras años de litigio contra los antiguos propietarios.
La disputa legal se remonta al año 2019, cuando Banco Regional inició una demanda ejecutiva contra la anterior empresa Planet Rice SA por una deuda hipotecaria y prendaria. Antes de ejecutarse la medida, esta firma vendió los bienes hipotecados a otra identificada como N.A. Food, representada por el empresario brasileño Dhones Marcelo Niero. Si bien estas empresas opusieron excepciones, perdieron en todas las instancias, y los bienes embargados fueron adjudicados en remate judicial a Avícola Itapúa SA en julio de 2022.
Desde entonces, pese a que las resoluciones fueron confirmadas en todas las instancias y pasaron en cosa juzgada, Avícola aún no pudo tomar posesión de la planta arrocera ubicada en Coronel Bogado, debido a una serie de incidentes dilatorios y maniobras judiciales encabezadas por los anteriores dueños.
El 22 de agosto de este año, un juzgado de Encarnación libró finalmente el mandamiento de desalojo. Sin embargo, apenas tres días después, N.A. Foods promovió en Presidente Franco una medida de urgencia de prohibición de innovar. En menos de 30 minutos, la jueza Cynthia Pineda resolvió suspender el desalojo, en abierta contradicción con lo resuelto por su colega de igual jerarquía en Encarnación.
De acuerdo con la denuncia, esta intervención carece de competencia tanto territorial como de grado, pues solo un tribunal superior podría revisar la orden de desalojo. La abogada Ana Peña, representante legal de Avícola Itapúa SA, advirtió que una medida cautelar no puede enervar el cumplimiento de una sentencia firme y ejecutoriada, por lo que la decisión de la jueza Pineda constituye una violación grave al orden procesal y genera un precedente peligroso.
La firma afectada recurrió ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para denunciar a la magistrada Cynthia Pineda, debido a que una jueza de primera instancia no puede dejar sin efecto lo resuelto por otro juez del mismo grado; que la orden de desalojo deriva de una sentencia firme, ya confirmada en varias instancias; que la caución aceptada en la medida de urgencia no guarda proporción con el valor real de la demanda (solo se dispuso USD 150.000 frente a una adjudicación de USD 12 millones), y que la resolución fue dictada con una celeridad inusual.
Este caso trasciende lo privado y plantea interrogantes sobre si realmente es confiable nuestro sistema judicial, ya que la resolución de la jueza desalienta la inversión y afecta la credibilidad del país. La denuncia ya está en manos del JEM, que deberá evaluar si su actuación se ajustó a derecho o si representa un atentado directo a la seguridad jurídica.
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