Sanatorio privado, en la mira por presunto intento de fraude a Salud
En el Ministerio Público se encuentra una denuncia contra el Sanatorio El Samaritano por un supuesto intento de fraude con la “clonación” de documentos de pacientes que habían sido presentados ante el Ministerio de Salud Pública en el marco del convenio para el uso de las camas de terapia intensiva durante la pandemia del Covid-19.
Según la denuncia hecha ante la Fiscalía, supuestamente se habrían “clonado” expedientes de los internados en la Unidad de Terapia Intensiva, durante el convenio de Salud Pública para la derivación de pacientes con COVID-19 a los sanatorios privados.
Aparentemente, de acuerdo con la denuncia, se hizo figurar en los documentos la aplicación de ciertos medicamentos a pacientes internados cuando esto en la práctica no ocurría. Lo que llamó la atención fue que existían planillas similares de varias personas.
Desde la Superintendencia de Salud explicaron que la presunción que se tiene es que supuestamente se utilizaba el mismo reporte en las “hojas sábanas” de la enfermería de UTI, con el presunto fin de cobrar más dinero al ente estatal al presentar las planillas correspondientes para el desembolso por la aplicación de ciertos fármacos. El presunto perjuicio que se pretendía concretar superaría los 1.000 millones de guaraníes.
Se trata de cinco expedientes de pacientes que presentaban la misma evolución, lo cual no era coherente con el historial clínico. Esto hizo que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud recomendara que no se prosiga con los trámites para el pago de las facturas correspondientes a dichos pacientes hasta tanto sean aclarados y corroborados todos los procedimientos y estudios de laboratorio realizados para la atención de los mismos. Además aconsejó que se remitiera a los organismos de control todos los antecedentes del caso.
Fue así que en fecha 11 de marzo de este año se presentó ante la Fiscalía Penal del barrio La Encarnación los expedientes de los cinco pacientes atendidos en El Samaritano y que presentan observaciones que hacen sospechar de un probable intento de fraude. Ese mes la fiscal Sonia Mora comenzó a indagar el caso y llegó a citar ante su unidad al director de Terapia Intensiva de Salud, doctor Ángel Núñez, para que testifique en la causa abierta número 1907/2022 contra el Hospital Central Samaritano SACI.
A la par de esta situación, el mes pasado el sanatorio El Samaritano fue multado con más de G. 100 millones por la Superintendencia de Salud, luego de varias denuncias hechas por los familiares de pacientes por sobrecostos, exigencias de dinero y negativa a recibir pacientes vía SEME pero sí de manera privada. Según pudo constatarse mediante esta investigación, el sanatorio incurrió en infracciones de segundo grado y ante esta situación recibió una sanción administrativa, que no incluyó la clausura temporal del establecimiento para evitar perjudicar a los trabajadores que dependen de ese ingreso, según había mencionado el superintendente Ignacio Mendoza.
Durante la etapa más crítica de la pandemia, este sanatorio estuvo en el ojo de la tormenta, por las denuncias de los familiares internados. Según el convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Central Samaritano SA, quien aparece como su representante es la señora Carolina Genes Franco, esposa del asesor jurídico del sanatorio, Daniel Mitjans. Este último se había mostrado muy molesto tras estos reclamos de los familiares, y llegó a romper públicamente los acuerdos con el Ministerio de Salud para no recibir más a pacientes con Covid-19.
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