Rosca judicial pretende arrebatar propiedad valuada en US$ 2,5 millones
Corte Suprema de Justicia Paraguay. Foto: PJ.
Una de las principales materias pendientes en el sector rural es dar una solución al problema de la titulación de las tierras y fortalecer el derecho a la propiedad privada, permitiendo que el país brinde seguridad jurídica a todos los ciudadanos y a los extranjeros que deciden venir a invertir.
El registro físico de las propiedades en el Paraguay y la titulación de las mismas es un verdadero dolor de cabeza, al estar separadas las instituciones responsables: el Servicio Nacional de Catastro por un lado y la Dirección Nacional de Registros Públicos por el otro. La primera institución forma parte del Poder Ejecutivo y la segunda depende del Poder Judicial, lo cual dificulta la labor, y ante esto hay voces que abogan por la unificación de ambas.
Desde hace décadas la superposición de los títulos de propiedad y las ocupaciones de tierras generan mucho conflicto en el sector rural. Urge solucionar la falta de optimización en los actos sobre los bienes registrales, ya que esta carencia imposibilita lograr la seguridad jurídica y una mayor fluidez a los negocios y las inversiones en el país.
Muchos de los problemas de tierras van a dirimirse a la justicia, donde los ciudadanos se exponen a la rosca judicial que hace de las suyas. Una muestra de la terrible situación es la larga disputa judicial entre las familias Schmidt y Lindstron en el departamento de Concepción sobre unas propiedades de 800 hectáreas en Horqueta que tienen un valor aproximado de 2 millones y medio de dólares.
Según los antecedentes, en el 2008, el ganadero Luis Alberto Lindstron inició un juicio de usucapión en Yby Yaú en torno a las tierras. En el 2010, el alemán Heinz Paul Shieffer, quien fue el dueño en ese entonces del terreno, solicitó la mensura judicial y un juicio de reivindicación.
En el 2013 fue asesinado Lindstron a manos de los criminales del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quedando como herederas sus hijas Silvia, Luisa y Amalia Lindstron Ledesma, contra quienes siguió la demanda por las 800 hectáreas en disputa judicial.
Por otro lado, en el 2017 el primer propietario vendió las tierras a otro alemán radicado en Paraguay de nombre Klaus Rainer Schmidt, quien continuó con la acción judicial contra las herederas del fallecido. En ese momento, los nuevos dueños –según la versión de estos denunciantes- habrían verificado que la propiedad en cuestión no estaba ocupada, por lo que se procedió al cercado, pero posteriormente los abogados de la contraparte (los Lindstron) fueron a romper el candado que se había colocado.
De acuerdo con los abogados de la familia Schmidt, en este caso supuestamente nunca las hermanas Lindstron, como tampoco su padre cuando estaba vivo, arrimaron durante el largo juicio los títulos de propiedad que avalen la ocupación, y solo presentaron un registro de marca de ganado del año 1986 que se hizo en la ciudad de Areguá, pero no demostraron que se hayan pagado los impuestos municipales o los servicios básicos como la electricidad.
En cambio, el señor Schmidt, al igual que el anterior dueño que le transfirió el predio, sí cuenta con el título de propiedad, el pago de los impuestos y una mensura judicial, por lo que su defensa urge que la justicia abra el periodo de pruebas en el marco del juicio de reivindicación, ya que con esto se podrá determinar a quién verdaderamente corresponden las hectáreas en litigio. Sin embargo, esto no es posible, de acuerdo con los accionantes, porque los abogados de las hermanas Lindstron aparentemente están plagando de chicanas el proceso para evitar que se llegue a esa fase.
Actualmente las herederas del fallecido Lindstron tienen la posesión del predio e instalaron a unos caseros en el sitio, ya que dos de ellas viven en Curuguaty, departamento de Canindeyú, y otra en Tacuaty, departamento de San Pedro, según la denuncia acercada. A la vez, también estas hermanas comenzaron a repartirse los lotes, pese a que aún ni siquiera finiquitó el juicio de sucesión que se encuentra paralizado desde hace años en San Pedro del Ycuamandiyú.
Como una medida desesperada para hacer frente a la situación que padece hace años, el accionante de nacionalidad extranjera solicitó la auditoría de los juicios a través del gabinete del ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, pero hasta el momento se desconoce si tuvo éxito el planteamiento.
El alemán radicado en Paraguay ya no confía más en los Tribunales de Concepción, ante la sospecha de la existencia de una rosca que pretende despojarle de sus bienes. Ante ello, espera que las altas autoridades del Poder Judicial tomen cartas en el asunto e impidan el atropello jurídico que se buscaría concretar en su contra, siendo este caso uno de los tantos que se registran en nuestro país ante la falta de una seguridad jurídica.
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