Propuesta de asfalto divide a vecinos de Areguá
Un grupo de vecinos de Areguá se encuentra en pie de lucha contra el plan de asfaltado de varias calles ubicadas dentro del casco histórico de la ciudad, como parte de un proyecto vial impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En contrapartida, otro sector de la población considera que la iniciativa traerá desarrollo, mayor movilidad y potenciará el comercio.
La empresa Construpar S.A. será la encargada de ejecutar las obras de rehabilitación y pavimentación de tramos camineros en el distrito, como parte del Plan Central 2, el cual prevé un total de 22,86 km de asfaltado. Además, el proyecto contempla la instalación de drenaje, cunetas, alcantarillas, señalización y otras obras complementarias. La inversión asciende a USD 7.506.392.
Rechazo de un sector
La asociación “Pobladores por el Casco Histórico de Areguá” emitió un comunicado expresando su rechazo a la pavimentación de calles en la zona patrimonial de la ciudad, al argumentar que la intervención afectaría la identidad y el valor histórico del lugar.
Cira Bejarano, vocera del grupo, indicó en entrevista con el canal GEN que si bien están a favor del progreso, consideran que debe preservarse el encanto arquitectónico de Areguá. Recordó que la Ley N° 1181/97 declara patrimonio cultural al casco histórico de la ciudad, delimitando un área de 12 manzanas que buscan proteger.
A favor del asfalto y el desarrollo
Por otro lado, otro grupo de residentes considera que el asfaltado traerá beneficios a la comunidad, facilitando la conectividad y dinamizando la economía local, en atención a que las calles en mal estado dificultan el acceso de visitantes y afectan el movimiento comercial.
El proyecto se centra en tramos como las calles Bicentenario, Villarrica, Feliciano Báez, Las Residentas, María Auxiliadora-Caacupemí, Pedro Estepa, Villa Amparo, Yukyty-Caacupemí, Fray Luis De Bolaños, Cocué Guazú, Capitán Hermosilla y Pedro Juan Fleitas.
El debate sobre el desarrollo urbano y la conservación patrimonial sigue abierto, mientras las autoridades buscan una solución que contemple ambas posturas.
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