Máquinas de votación: pliego exige condiciones hechas “a medida”

ras resolverse las protestas presentadas y levantarse la suspensión que pesaba sobre la licitación para la compra de máquinas de votación, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre un presunto direccionamiento en los requisitos del llamado, que tendría como posible beneficiaria a una empresa de origen venezolano, cuyo dueño tiene un rosario de denuncias y estuvo preso por corrupción en EE.UU.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) habilitó el avance del proceso licitatorio para la compra de 28.000 máquinas de votación por parte de la Justicia Electoral. El proceso, con un precio de referencia de USD 93 millones, estuvo suspendido de forma provisoria tras observaciones presentadas ante la DNCP, que incluso previamente ya llegó a calificar de llamativos algunos requisitos del Pliego de Bases y Condiciones.

Al retomarse el proceso, comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre un presunto direccionamiento en los requisitos del llamado. Uno de los aspectos más llamativos del pliego es la exigencia de más de 10 años de antigüedad para el líder del consorcio y más de 5 años para cada integrante, sin posibilidad de acreditar la experiencia de manera combinada. Esta condición impide la participación de empresas paraguayas, a pesar de que ya proveyeron servicios en elecciones anteriores, como por ejemplo con la ley de voto electrónico que tuvo su primera elección en el año 2021.

Además, se exige experiencia específica en la venta de máquinas de votación electrónica, pero no se acepta experiencia previa en arrendamiento o provisión de servicios relacionados, como soporte técnico o capacitación, que sí fueron valorados en procesos anteriores. Al excluir estas formas de experiencia, el pliego parece reducir artificialmente el número de oferentes posibles.

Otra señal de alerta es la eliminación de la cláusula que prohibía la oferta de prototipos o tecnologías no probadas, algo que el propio TSJE había exigido en procesos anteriores, siguiendo recomendaciones internacionales. La modificación abre la puerta a tecnologías nuevas, sin antecedentes de uso ni auditorías previas, lo que incrementa los riesgos técnicos y de confianza en el proceso electoral.

Más de 45 consultas y observaciones ya fueron presentadas en este proceso, y todas apuntan a los mismos elementos: un pliego que, en lugar de ampliar la competencia, limita la participación de empresas interesadas en proveer las máquinas al Estado paraguayo.

Pese a que se trata de una licitación internacional, el pliego actual del TSJE establece barreras que limitan la participación real. En un mercado donde solo 3 o 4 empresas tienen capacidad para competir, exigir el cumplimiento de los 9 indicadores de experiencia técnica de manera simultánea descarta una por una a casi todas las alternativas. (Ver PDF punto 13, en pág. 20)

¿Quién está detrás de esta millonaria contratación? A simple vista, el diseño del pliego parecería favorecer a Smartmatic, una empresa venezolana con un largo historial en procesos electorales en América Latina, y que hoy mantiene vínculos directos en Paraguay con Excelsis, del empresario Daniel Zauca. En su perfil de LinkedIn, Zauca se presenta como consultor de Smartmatic con participación en las elecciones de Venezuela.

Smartmatic fue fundada en Venezuela y logró sus primeros contratos millonarios bajo el régimen de Hugo Chávez, en un contexto de denuncias por falta de transparencia y vínculos con el chavismo. En EE.UU., la empresa fue forzada a vender una filial tras una investigación por presunta influencia extranjera.

En agosto de 2024, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Roger Piñate, fundador de Smartmatic, por delitos de corrupción en procesos electorales en Filipinas. A lo largo de los años, su participación en elecciones de distintos países estuvo rodeada de denuncias por presuntas irregularidades y manipulación de resultados.

Se teme que esa historia se repita en nuestro país, por lo que resulta clave la licitación que está en curso para la adquisición de las 28.000 máquinas de votación.

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