La plata del IPS: Fiscalía no avanza en investigación por obras inconclusas
Vicente Bataglia, expresidente del IPS.
A más de un año de las denuncias formales, el caso del fideicomiso del IPS con el Banco Atlas sigue sin imputados. Millonarios fondos previsionales, obras hospitalarias inconclusas y auditorías que confirman irregularidades graves contrastan con una investigación fiscal que permanece en etapa preliminar. Mientras tanto, miles de asegurados continúan padeciendo las deficiencias del sistema de salud, sin que nadie responda por el destino del dinero. La historia tiene un denominador común, que es la impunidad.
El fideicomiso IPS–Atlas fue creado con dos objetivos centrales; obtener financiamiento alternativo para invertir en infraestructura hospitalaria del IPS, y aplicar recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en inversiones supuestamente rentables, mediante la adquisición de títulos fiduciarios. Para ello, el Banco Atlas emitió títulos que fueron adquiridos por el Fondo de Jubilaciones del IPS por un total de G. 828 mil millones, entre los años 2021 y 2022.
El contrato establecía que los recursos debían destinarse exclusivamente a cuatro obras: Terminación del Hospital Ingavi, Construcción de una Policlínica, de un Hospital Día y del Hospital Hemato-Oncológico. Sin embargo, el resultado final fue muy distinto al prometido.
Una auditoría externa ordenada por las actuales autoridades del IPS concluyó que la anterior administración de la previsional, encabezada por Vicente Bataglia, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, utilizó los fondos del fideicomiso para operaciones contrarias a las aprobadas por el Consejo de Administración.
El informe evidenció que los G. 828 mil millones fueron prácticamente esfumados, ya que no existe información suficiente sobre el destino final de los fondos, y las obras comprometidas no existen o están inconclusas.
De las cuatro obras, dos no alcanzan ni el 50 % de ejecución, mientras que el Hospital Hemato-Oncológico nunca fue construido, pese a haber sido financiado.
La auditoría también detectó inconsistencias financieras, descalces presupuestarios y uso de fondos para fines no previstos, lo que contradice abiertamente el objeto del fideicomiso.
Pese a este cúmulo de evidencias, la causa sigue sin despegar, atendiendo a que el Ministerio Público continúa en diligencias preliminares para determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso penal por las irregularidades en la construcción del Centro Hemato-Oncológico del IPS.
En marzo de este año, el fiscal Néstor Coronel, a cargo de la investigación, explicó que la causa se encontraba en etapa de recolección y análisis de información, de modo a determinar cuáles fueron las decisiones administrativas y responsabilidades.
Ante las críticas por la demora, el fiscal sostuvo en aquel entonces que se trata de un proceso complejo y que es necesario diferenciar faltas administrativas de hechos punibles. Sin embargo, el tiempo transcurre y no hay imputaciones.
Las denuncias de la previsional no se limitan solo al fideicomiso. Según la actual administración del IPS, existen más de G. 3.500 millones en obras que fueron pagadas pero nunca ejecutadas. Aunque la Contraloría General de la República advierte incluso que el monto real podría ser superior.
En total, el Ministerio Público recibió dos auditorías (una interna y una externa) e informes de la Contraloría, donde se evidencian reprogramaciones presupuestarias con números falsos, uso indebido del saldo inicial de caja, transferencias de fondos entre programas, prohibidas por la carta orgánica del IPS, y producción de documentos presuntamente no auténticos, que habrían sido remitidos al Ministerio de Economía.
A este escenario se suma otra denuncia grave que había hecho el IPS ante la Fiscalía, que consiste en el aumento ilegal del haber mínimo jubilatorio, dispuesto durante el gobierno de Abdo Benítez. La administración anterior elevó el beneficio del 33 % al 75 % sin fuente de financiamiento, lo que generó un déficit estimado de USD 55 millones y adelantó en 18 años la crisis del fondo jubilatorio.
Este hecho forma parte del paquete de irregularidades heredadas, pero que hasta ahora no tiene a sus responsables bajo investigación. Mientras tanto, los asegurados siguen esperando hospitales que nunca se terminaron y servicios que no llegan. La gran interrogante es: ¿quién responde por la plata del IPS?
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