Gobierno cajonea ley de ollas populares mientras prioriza la campaña política
El Ministerio de Desarrollo Social sigue sin reglamentar la ley de ollas populares, impidiendo así que las organizaciones encargadas de los comedores y centros comunitarios puedan acceder a los insumos para proveer alimentación a los sectores más vulnerables, tales como los indígenas y los campesinos.
A mediados de julio, el Poder Ejecutivo promulgó la ley de comedores y centros comunitarios, una ansiada normativa que permitirá dotar de los recursos necesarios al programa administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. La Ley Nº 6.945 pretende asegurar la alimentación de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad a nivel nacional, especialmente a los menores hasta los 18 años, adultos mayores y otros grupos sociales como las personas con discapacidad e indígenas. Además prevé que las ollas populares implementadas de manera transitoria en la pandemia se transformen en centros de atención permanente, tal como funcionan los comedores comunitarios que son atendidos por Desarrollo Social desde hace algunos años.
Estas ollas populares surgieron como un mecanismo de sobrevivencia durante la dura etapa de la pandemia del Covid-19, cuando las familias, los amigos y vecinos solidarios se reunieron para ayudar a aquellos que no tenían qué comer al perder su fuente de ingreso monetario, ante la mirada dubitativa y ausente del Estado. Estas ayudas pudieron sostenerse con donaciones y luego –tras mucho requerimiento y presión social- mediante la asistencia estatal. Sin embargo, en la actualidad, muchas tuvieron que dejarse de lado ante la falta de un verdadero apoyo del Estado.
Cira Novara, representante de la Coordinadora de Articulación por el Derecho a la Alimentación, detalló que solamente en esa red llegaron a nuclear a 46 ollas populares durante la pandemia, de las cuales solo siguen hasta la fecha 15 y a las que se sumaron otras 5 nuevas, totalizando solo 20 ollas que operan en la actualidad. Cada una ofrece un promedio de entre 150 y 180 platos diarios. Pero hay casos como el de Villeta donde incluso abarca toda la comunidad al entregar 300 platos. Todo eso se realiza a puro pulmón. Las cocineras son voluntarias que trabajan normalmente como empleadas domésticas, recicladoras y gancheras. Las mismas van turnándose para ir a hacer su voluntariado, o en algunos casos al finalizar su jornada laboral, acuden a las ollas populares para cocinar y ofrecer la “merencena”, un plato de merienda-cena.
Todo este trabajo extra a favor de la comunidad se realiza desinteresadamente y sin recibir ayuda del Gobierno. Por ello deben ingeniarse para conseguir mediante autogestión los insumos y se ven en la necesidad de hacer actividades, como ferias de garaje y venta de comidas, para reunir el fondo y costear la compra de la carne y las verduras.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Desarrollo Social, en el 2021 estos comedores transitorios llegaron a totalizar 1.609 y alimentaron a 194.538 personas, para lo cual recibieron 1.067.776 kilos de alimentos no perecederos. De enero a mayo del presente año, 493 organizaciones brindaron cobertura alimenticia a 57.937 personas y recibieron 255.683 kilos de insumos.
Sin embargo, muchas organizaciones no reciben la ayuda en la actualidad. La articulación de ollas populares espera desde julio pasado que el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, se digne a reglamentar la normativa que permitirá que Hacienda desembolse el dinero para la compra de los insumos. Las encargadas de las ollas presentaron propuestas para la elaboración del manual operativo de la Ley, de modo a que sea un proceso participativo, sin burocracia, pero sí controlado y transparente. Sin embargo, estas no fueron incorporadas.
Tampoco las referentes de estos grupos voluntarios son recibidas por las autoridades, ya que estas se pasan destinando su tiempo en las campañas políticas, tal como es el caso del ministro Varela, precandidato a senador por el movimiento Fuerza Republicana. Este político deja completamente de lado sus funciones y se dedica de lleno a sus actos proselitistas con miras a las internas coloradas de diciembre próximo. Las organizaciones sociales lamentan que el Gobierno siga trancando la reglamentación de la ley promulgada hace dos meses, y cuya aplicación no es efectiva debido a que se encuentra encajonada por la administración de Varela.
Si bien ya pasó la etapa más crítica de la pandemia, innumerables familias de los sectores más vulnerables atraviesan aún dificultades económicas y su única fuente de alimentación se da a través de estas iniciativas populares. Por esa razón, es más que necesaria y urgente la reglamentación de la normativa sobre comedores y centros comunitarios, de modo a colaborar solidariamente con los más necesitados.
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