Fiscalía tiene elementos para imputar a responsables de crimen ambiental


El fiscal de la causa, Ramón Ferreira, cuenta con todos los elementos para proceder a la imputación contra los responsables del delito ambiental cometido en un lote en Nueva Esperanza, Canindeyú, donde una gran extensión de bosque regenerado fue talado masivamente.
En entrevista con La Caja Negra, el fiscal Ferreira informó que volvió a constituirse en el predio el martes para obtener más datos. Según explicó, los intervinientes recibieron el título de propiedad del empresario brasileño André Ari Caus y una resolución del Ministerio del Ambiente (Mades), que concluyó un sumario administrativo por infracciones a la Ley 294 de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho sumario establece el pago de 100 jornales mínimos por realizar actividades no especificadas.
Ferreira anunció que la Fiscalía notificará al empresario brasileño para que comparezca en el marco de la investigación. Asimismo, indicó que se realizarán notificaciones a las personas presentes en el lugar durante la intervención, para recabar sus declaraciones.
El proyecto inmobiliario impulsado por Alianza Inmobiliaria y promovido por André Ari Caus, integrante del grupo agroindustrial Apane SA, inició en 2023. Según la carpeta fiscal, el empresario adquirió el terreno y comenzó el loteamiento sin contar con el permiso de impacto ambiental a su nombre, lo que contraviene la Ley 716, artículo 5, sobre medidas de mitigación ambiental.
La tala afectó a 22 de las 50 hectáreas que conforman el predio. El fiscal destacó que, si bien el proyecto incluye un remanente de bosque que debe ser preservado, las normas establecidas en el impacto ambiental no fueron respetadas desde el inicio.
La pena para este delito contempla de uno a cinco años de prisión y una multa equivalente a 500 jornales mínimos, de acuerdo con el fiscal Ferreira, quien también informó que aún aguarda el informe del perito ambiental, quien deberá presentar sus conclusiones durante la semana.
La investigación se inició tras la denuncia pública realizada por el programa La Caja Negra, que expuso la tala masiva en la propiedad identificada con el Padrón N.º 954, habilitada para fraccionamiento por la Municipalidad de Nueva Esperanza. El Ministerio Público se encuentra en proceso de reunir los últimos elementos para proceder con las imputaciones.