Denuncian esquema para esquilmar al Estado con demandas
El caso de Sergio Antonio Fleitas Paredes, un funcionario de la ANDE, expone la forma en que se procede para empobrecer las arcas del Estado y embolsarse dinero público con anuencia del Poder Judicial. Un juez muy cercano al ministro de la Corte, Víctor Ríos, hizo lugar a una millonaria indemnización a favor del accionante que consiguió en el pasado otras resoluciones judiciales a su favor.
Sergio Fleitas era jefe de la sección de Pérdidas en la dependencia de Canindeyú de la Administración Nacional de Electricidad en el año 2016, cuando se inició un sumario administrativo por sus faltas en su lugar de trabajo, donde tenía una antigüedad de 20 años. Se lo acusó por la presentación de certificados médicos apócrifos para justificar un reposo. La Dirección de Recursos Humanos de la institución detectó sus ausencias y solicitó al Ministerio de Salud el cotejo de los documentos que había presentado el funcionario para faltar a su puesto laboral.
Durante la investigación se comprobó que “tuvo ausencia injustificadas los días 05, 19 y 29 de agosto, 16 y 23 de septiembre de 2016 (cinco veces en el trimestre de julio a setiembre) y los días 04, 11, 18, 21, 24 y 25 de noviembre y los días 02, 05, 09, 20, 21, 22, 23 y 30 de diciembre de 2016 (catorce veces en el trimestre de octubre a diciembre)” y por ello el sumario determinó que correspondía aplicar la sanción de destitución. Fue así que en el 2017 se produjo su despido al constatar las irregularidades cometidas y se le impuso como castigo no poder ser funcionario público durante dos años.
Ante esta situación, de acuerdo con los antecedentes del caso, Fleitas comenzó a accionar contra el Estado paraguayo y sus antiguos jefes que lo rajaron del cargo. En el 2018, ante el Tribunal de Cuentas Primera Sala, presentó una acción legal contra la ANDE solicitando que sea revocada la resolución, planteamiento que fue aceptado por esta instancia. Sin embargo, la ANDE apeló y el caso subió a la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala Penal modificó la sanción de destitución e inhabilitación, y dispuso que el castigo sea una multa equivalente a 30 días de sueldo, pero también ordenó el pago de la totalidad de los salarios caídos de este funcionario (la suma total ascendió a G. 236.456.775).
Al margen de lo anterior, Fleitas presentó ese mismo año una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los abogados de la Asesoría Legal que habían tramitado su caso en el proceso sumarial. Además, contra el expresidente de la ANDE, Víctor Romero; los auditores internos, los funcionarios del área de Recursos Humanos, el Director del MECIP de la ANDE, el Procurador Delegado de la Procuraduría General de la República y Juez Instructor del Sumario. El demandante pidió como compensación la suma inicial de G. 60.000.000 y luego amplió el monto a G. 2.000 millones. En esta causa, el fiscal Alcides Corvalán solicitó la desestimación de la acción y la jueza Lici Sánchez hizo lugar al planteamiento, por lo que se archivó.
Ante ese revés judicial, Fleitas nuevamente recurrió a la justicia y presentó en el 2019 una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra las mismas personas que había denunciado penalmente en el caso anterior. Pidió como indemnización la suma de G. 5.400 millones. El juzgado de José Guillermo Trovato Fleitas, quien es muy cercano al ministro de la Corte, Victor Ríos, hizo lugar a su pedido el pasado 1 de noviembre y dispuso el monto a pagar en G. 4.300 millones más el 2% mensual de intereses desde la promoción de la demanda hasta el pago efectivo.
Llamativamente, el juez Trovato Fleitas no tuvo en cuenta en su resolución que la demanda fue de indemnización de daños por relación contractual, y los funcionarios demandados no tienen relación contractual con el demandante, ya que es la ANDE quien tiene dicho nexo de contrato con su funcionario.
En su fallo, el magistrado señala que los demandados omitieron la ley que rige a los funcionarios públicos y que si bien existió una falla de parte del accionante, no correspondía calificar su falta como infracción o falta grave, y solo se encuentra dentro de los límites de una falta leve, a su parecer.
Un dato a tener en cuenta es que en ningún momento se anuló la sanción de ANDE contra el funcionario en cuestión, sino más bien fue modificada, porque las ausencias existieron y la irregularidad fue cometida, situación que incluso fue destacada por la propia Corte Suprema de Justicia, la cual había aplicado una sanción contra este técnico.
El juez, a fin de acreditar los daños sufridos por el demandante, alega en su resolución que este cayó en operaciones morosas, cuando el propio informe de Informconf señala que desde noviembre del 2016, Sergio Fleitas contaba con morosidad, mucho antes de concretarse su destitución.
YA TIENE DEMANDAS ANTERIORES
El funcionario Sergio Fleitas cuenta con sendas demandas impulsadas ante la justicia y hasta el momento ya se adjudicó la suma de G. 620.468.531 en virtud de resoluciones judiciales que salieron a su favor.
Conforme con los antecedentes, en el año 2000 Fleitas accionó contra la ANDE por un sumario administrativo abierto ante la sustracción de una tarjeta de débito. En el 2007, la Corte condenó a la ANDE al pago de 12 meses de salarios caídos de este técnico.
Al año siguiente, en el 2008, el funcionario que volvió a ser incorporado a la ANDE reclamó una indemnización por la muerte de su hija durante su cesantía y fue así que consiguió la suma de G. 250 millones.
En el 2014, Fleitas presentó una acción contenciosa administrativa contra una resolución de la ANDE del año 2012 y solicitó aumentar sus bonificaciones. En el 2015, la Corte falló a su favor y la ANDE tuvo que pagarle G. 134.011.756.
En tanto que en el 2016 presentó dos acciones de amparo contra la ANDE para solicitar mayores reconocimientos en sus derechos laborales, pero fueron rechazadas tanto en el Juzgado de lo Civil como también en el Laboral.
Finalmente en el 2018, consiguió que la ANDE le pague los G. 236.456.775 por sus salarios caídos tras la decisión de la Corte de modificar su sanción por sus faltas laborales.
A todo lo anterior ahora se sumarán los G. 4.300 millones que deberán pagarle sus exjefes de la ANDE y demás autoridades que participaron de su sumario y posterior desvinculación de la institución pública.
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