Con chicanas, Abdo y su gavilla evitan ser investigados
Mario Abdo Benítez, expresidente de la República, y Carlos Arregui, extitular de la Seprelad, fueron los articuladores junto con Carmen Pereira, exviceministra de la misma institución, en la elaboración “fraguada” de informes de inteligencia que luego remitieron a los EE. UU. para que sean utilizados como garrote político.
A punta de chicanas, el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla de colaboradores llevan varios meses paralizando el proceso judicial por las filtraciones de la Seprelad hechas durante su administración contra sus adversarios políticos.
Los abogados presentaron hasta la fecha una docena de incidentes ante la justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.
El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus colaboradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fiscalía, estos informes se habrían utilizado para afectar políticamente a rivales internos del Partido Colorado, específicamente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran revelación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación criminal, entre otros delitos.
Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores de esta gavilla presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones. Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nulidad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los intervinientes, que lograron posponer las diligencias judiciales en varias ocasiones.
Ni bien se presentó la imputación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralentizar y obstaculizar el proceso judicial.
El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fuster, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio recusó a la jueza Cynthia Lovera, por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron apartados de la investigación.
Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kronaweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emilio Fúster.
Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Al respecto, los involucrados solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.
Así también el abogado Kronaweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autorización judicial para la extracción de datos como acto investigativo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.
El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad, Carlos Arregui, presentó una recusación contra los camaristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte.
El 21 de agosto, la Cámara de Apelación, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gustavo Aguade, confirmó la competencia de la magistrada Cynthia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal.
Sin embargo, el 2 de septiembre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación general contra la resolución del tribunal de apelación que confirmó a la jueza Lovera.
El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la competencia de la jueza en el proceso penal.
No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolución del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de prórroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025.
Ahora los integrantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judicial al Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.
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