Caso de homonimia: Rosca judicial en la mira por desvergonzado despojo de estancia
El Poder Judicial se encuentra en la polémica ante la garrafal decisión que perjudicó a una familia que nada tenía que ver en un proceso por deuda impaga, al concretarse el arrebato de una millonaria estancia en el Chaco.
A Peter Neufeld, de nacionalidad canadiense y sin cédula de identidad paraguaya, le despojaron 500 hectáreas de su propiedad en Filadelfia, valuado en 3 millones de dólares pero rematado a solo 250 millones de guaraníes.
Esta medida fue adoptada en el marco de un juicio ejecutivo entablado por la firma Tape Ruvicha, que buscaba cobrar el saldo pendiente por la compra de una camioneta. Sin embargo, lo aberrante del caso fue que la justicia vinculó al hombre canadiense solo por tener el mismo nombre que el demandado, un ciudadano mexicano, Peter Neufeld Peters, quien había firmado 8 pagarés en condición de codeudor.
En el marco del juicio, la dirección de Registros Públicos otorgó la copia de un título de propiedad del Chaco Paraguayo, que pertenecía al canadiense Peter Neufeld, no así al demandado, quien incluso advirtió al sistema judicial que la propiedad que se iba a rematar no le pertenecía, pero los funcionarios judiciales hicieron “oídos sordos”, omitieron la existencia de una homonimia y avanzaron hasta rematar la estancia por solo G. 250 millones.
En este juicio se encuentran involucrados jueces y funcionarios de menor rango, como también funcionarios del Registro Público. Es por ello que al tomar estado público el garrafal error cometido, desde la propia Corte Suprema de Justicia adelantaron una investigación a fin de evitar que por un caso de homonimia un ciudadano sea perjudicado indebidamente.
Los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón serán los encargados de interiorizarse del caso y luego remitirán un informe al Consejo de Superintendencia para que se abra una investigación preliminar o auditoría.
Así también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dispuso por unanimidad la apertura de la investigación preliminar sobre la estructura que opera en el Poder Judicial y que arrebató la estancia a esta familia que nada tenía que ver en el proceso judicial.
Fue el diputado Orlando Arévalo quien solicitó ante el pleno del JEM que se investigue a los funcionarios que ordenaron disponer de los bienes de una persona que tenía el mismo nombre que un deudor demandado, además que la pesquisa abarque a todos los involucrados en este caso.
En respuesta a la amplia repercusión que tuvo la decisión judicial, la firma Tape Ruvicha salió a defenderse y culpar a Registros Públicos del error cometido. La empresa demandante también pidió dejar sin efecto el embargo de las 2.000 hectáreas de Peter Neufeld, que están sometidas a un proceso judicial de manera irregular, pero evadió las 500 hectáreas que ya fueron rematadas.
A través de su abogada María Silvia Acha, Tape Ruvicha exigió que la empresa no sea involucrada “injustificadamente” en cuestiones jurídicas que, según expresó, se realizan de mala fe y en contra de los intereses del grupo empresarial, al culpar en todo momento a Registros Públicos de haber cometido la confusión. Sin embargo, según el expediente, desde el primer momento fueron advertidos de que el deudor no registraba absolutamente nada a su nombre.
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