Auditoría evidencia pagos irregulares, controles débiles y fallas del banco Atlas
La auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) que expone graves irregularidades en la ejecución del fideicomiso no solo apunta a exfuncionarios de la previsional, sino que también instala la eventual responsabilidad penal de directivos del Banco Atlas S.A., en su carácter de fiduciario del contrato.
El lapidario informe establece responsabilidades compartidas entre el banco administrador y autoridades del IPS de la administración anterior, ya que el fiduciario tenía la obligación legal de orientar, advertir y controlar la correcta ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiducia y las normativas del sistema financiero.
Entre los principales hallazgos que comprometen al Banco Atlas, la auditoría señala que la entidad no remitió informes trimestrales al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la situación y evolución del fideicomiso, pese a que dicha obligación estaba expresamente establecida por resolución de la Superintendencia de Bancos.
De acuerdo con el informe, el banco tenía la obligación de orientar y/o asesorar al IPS sobre las mejores prácticas que debieron ser implementadas en la ejecución correcta de las Cláusulas del Contrato de Fideicomiso.
Esta auditoría fue elaborada en el marco de observaciones realizadas por consultores externos y tras la causa abierta por el fiscal Néstor Coronel, titular de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien investiga desde junio de 2024 el presunto desvío de fondos del fideicomiso destinado originalmente a la construcción de los cuatro hospitales del IPS.
Coronel recordó que la pesquisa se apoya en tres auditorías y que el desafío principal es diferenciar irregularidades administrativas de hechos penalmente relevantes, sin descartar responsabilidades de ningún actor involucrado, tanto del IPS como del banco administrador, por lo que también estaría en la mira la entidad bancaria.
La investigación no se limita a la persona jurídica del Banco Atlas, sino que podría extenderse a directivos y responsables de áreas clave, en caso de comprobarse que conocían las irregularidades o que omitieron actuar pese a tener obligación legal de hacerlo.
Paralelamente, el IPS no descarta requerir la intervención del Banco Central del Paraguay para evaluar la conducta del banco fiduciario.
De confirmarse los hechos, la legislación vigente contempla sanciones civiles, administrativas y penales para el fiduciario, que incluyen restitución de fondos, sanciones patrimoniales, inhabilitaciones y eventuales cargos por administración fraudulenta.
Mientras la justicia avanza lentamente, los asegurados siguen esperando respuestas en este caso que es considerado uno de los mayores escándalos vinculados al manejo de fondos previsionales en el país.
About Author
