Atyrá en pie de guerra: Laguna privada pone en riesgo el acuífero Caacupé
Los pobladores de la ciudad de Atyrá se encuentran en pie de guerra ante una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas a favor de la firma Highlands Park & Lagoon SA (vinculada a la multinacional Petrohue Real Estate) que habilita la perforación de un pozo subterráneo y el uso del Acuífero Caacupé para alimentar una laguna artificial de un complejo hotelero de lujo. La decisión judicial pone en riesgo el suministro para cientos de familias y compromete la integridad de uno de los acuíferos más importantes del país.
Petrohue Real Estate SA, representada por el empresario chileno Martín Hubert Tampe Oyarzún, opera al menos 19 proyectos inmobiliarios en Paraguay. Uno de ellos consiste en un barrio cerrado de 90 hectáreas en en Ypacaraí, en la zona de acceso a San Bernardino, con 545 lotes, 135 departamentos y una Crystal Lagoon de seis millones de litros.
Para alimentar el espejo de agua, la empresa solicitó permisos para dos pozos profundos: uno en Atyrá y otro en Ypacaraí. En ambos casos, el plan era trasladar el recurso a varios kilómetros para fines recreativos, pero para los atyreños es inaceptable que se utilice agua para un lago privado, mientras enfrentan escasez del líquido vital.
Todo comenzó en noviembre de 2024. En el camino rural de Zanja Jhũ de Atyrá, unos vecinos detectaron que obreros instalaban enormes tuberías subterráneas. Los caños eran tan grandes que llamaron la atención de los lugareños. La investigación de los propios vecinos reveló que el terreno amurallado de donde salían los caños pertenecía a Petrohue.
El conflicto se potenció el 13 de diciembre de 2024, cuando la Junta Municipal de Atyrá emitió la Resolución 198/24, que autorizaba a Highlands a excavar veredas e instalar cañerías para “extensión de agua potable”.
El intendente Ramón Martínez alegó que la empresa presentó documentos del MADES y del ERSSAN. Pero para la comunidad, la autorización fue “una metida de pata” que ponía en riesgo el abastecimiento local. El pozo era el cuarto en la zona, donde ya tres perforaciones existentes resultaban insuficientes en épocas de sequía.
Entre diciembre y enero de 2024, los vecinos se reunieron, denunciaron y convocaron a las autoridades. El intendente admitió el error y el 3 de enero de 2025 se aprobó la Resolución 3/05, que revocó el permiso a Highlands. Pero la empresa no detuvo las obras, ya que una asistente fiscal y policías llegaron al lugar alegando que la constructora contaba con una orden judicial.
Frente al desconcierto, las autoridades locales viajaron a Asunción, donde el MADES y ERSSAN confirmaron que Highlands no tenía licencia ambiental y no contaba con autorización para trasladar agua entre municipios, por lo que la Municipalidad tenía potestad para frenar la obra.
El 31 de enero, la Junta ordenó retirar los caños e iniciar un sumario en el Juzgado de Faltas. El 12 de febrero, la Municipalidad clausuró el pozo y retiró las tuberías. Más de 50 vecinos acompañaron la intervención y celebraron la primera victoria ciudadana.
Sin embargo, en el mes de julio, Highlands logró una medida cautelar que le permitió reinstalar las tuberías. Ante esto, la ciudadanía protestó contra el intendente y los concejales por inacción. En agosto, un juzgado de Caacupé autorizó nuevamente al Municipio a cerrar el pozo, pero la orden nunca se ejecutó. En octubre, la empresa intentó reconectar las tuberías y los vecinos se encadenaron a los portones para impedir el ingreso de maquinarias.
En respuesta, la empresa recurrió a la justicia y la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas otorgó una medida que suspende las resoluciones municipales y habilita la extracción de agua. Los abogados de Highlands argumentaron que el proyecto no afectaría el suministro local. En cambio, los vecinos aseguran que existe un “peligro inminente” para el Acuífero Caacupé, fuente vital para gran parte de Cordillera y parte de Paraguarí.
Desde noviembre de 2025, la Comisión Vecinal Defensa del Agua, que representa a 400 familias, se declaró en movilización permanente, y exigen al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que revise el fallo judicial.
Los conflictos ambientales no son nuevos alrededor de proyectos vinculados a Tampe Oyarzún. En 2022, en Chile, el Consejo de Defensa del Estado demandó por daño ambiental a Petrohué Riverside SpA y otras sociedades del grupo. El Tercer Tribunal Ambiental ordenó la paralización de obras. Aunque posteriormente la demanda fue aclarada para excluir a Tampe de forma personal, las empresas continúan bajo proceso.
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