Abdo insiste en su lucha contra el crimen organizado pese a las evidencias
Mario Abdo Benítez, expresidente de la República, y Carlos Arregui, extitular de la Seprelad, fueron los articuladores junto con Carmen Pereira, exviceministra de la misma institución, en la elaboración “fraguada” de informes de inteligencia que luego remitieron a los EE. UU. para que sean utilizados como garrote político.
En su intento de defensa, el expresidente Mario Abdo Benítez afirmó haber luchado contra el crimen organizado, sin embargo, su argumento resulta insostenible, ya que datos oficiales y hechos de público conocimiento evidencian que su administración estuvo marcada por el debilitamiento de los controles antidrogas, el crecimiento del narcotráfico y los vínculos directos de sus funcionarios con redes criminales.
La semana pasada, Mario Abdo Benítez compartió en un video su intención de solicitar al Congreso su desafuero por el caso de las filtraciones de la Seprelad durante su mandato, hecho que posteriormente concretaron sus abogados ante la mesa de entrada del Parlamento. En su anuncio, el exmandatario arguyó que sus funcionarios y él cumplieron con el combate al crimen organizado, sin embargo, las evidencias recopiladas en distintas investigaciones apuntan a una dirección contraria.
Durante su gobierno, varios de sus funcionarios fueron vinculados al narcotráfico, lo cual debilita el discurso de lucha contra el crimen organizado que pretende instalar y que cuenta con el apoyo de la prensa abdista.
Uno de los casos más representativos es el del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y su vínculo con el narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo cual soporta un proceso judicial por cohecho pasivo (coima). La fiscalía incluso sospecha que Giuzzio tendría nexos con otro narco preso en Brasil, Lindomar Reges Furtado, para lo cual pidió a los jueces la inclusión probatoria de la desgrabación de los celulares del brasileño.
Lindomar Reges era socio del narcotraficante Vinicius, quien mantuvo contacto directo con Giuzzio. De hecho, Vinicius no solo prestó un vehículo al exministro para que vacacionara en Brasil, sino que además buscaba acceder a licitaciones del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Otro dato no menor es que durante su gestión al frente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), se levantaron controles en puertos privados, facilitando el envío de toneladas de cocaína a Europa. Mediante Resolución N. 142, Giuzzio dispuso “el cierre permanente” de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (Diaft), que hasta ese momento controlaba los cargamentos en puertos privados. Este movimiento allanó el camino para que el narcotráfico se expandiera a niveles sin precedentes.
La magnitud de la exportación de droga al extranjero se puede notar al recordar que, de 2020 a 2023, se incautaron más de 54 toneladas en puertos europeos, mientras que los decomisos en Paraguay fueron considerablemente menores.
Un gobierno permeable al crimen organizado
El gobierno de Mario Abdo Benítez fue un facilitador del narcotráfico y el armatráfico. Mientras las instituciones como Seprelad, Senad e Interior enfocaban sus esfuerzos en perseguir adversarios políticos y filtrar informaciones selectivas y distorsionadas, los traficantes operaban con total libertad.
La falta de controles efectivos sobre el tráfico de armas permitió que organizaciones criminales internacionales, especialmente en Brasil, operaran con facilidad. Pese a contar con exfiscales como altos funcionarios, tales como Carlos Arregui, Emilio Fúster, René Fernández y el propio Arnaldo Giuzzio en su gabinete, ninguno de ellos detectó (o quiso detectar) el próspero negocio del tráfico de armas.
Tampoco hay que olvidar la escandalosa foto del expresidente con Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, presunto narcotraficante detenido en 2018. Durante la campaña electoral, Cucho fue fotografiado en la residencia del entonces candidato Abdo Benítez, dejando en evidencia las vinculaciones del abdismo.
A estas asociaciones también se suma el caso de Eulalio “Lalo” Gomes, quien financió la campaña electoral de Mario Abdo y cuya influencia manejó los hilos de la administración abdista.
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