A ultranza Py: lujosos bienes incautados están en manos de Senabico sin control alguno
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) encara desde los últimos meses el manejo de una importante cantidad de bienes incautados y comisados, tras la mayor incautación de posesiones de lujo efectuada en febrero de este año.
El megaoperativo A ultranza Py, realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, con el apoyo de organismos internacionales, contra el lavado de dinero y el narcotráfico, resultó ser el de mayor incautación de bienes de lujo y allanamientos, con 112 procedimientos, 12 personas detenidas, e incautaciones de 85 inmuebles y bienes varios, por más de US$ 100 millones.
Tras este duro golpe, la Senabico tiene ahora la tarea de administrar estos bienes. Tal es así que días atrás, algunas de las incautaciones del operativo A Ultranza PY, que luego fueron comisadas, pasaron de la Senabico a manos de la Policía Nacional para su uso en el combate al narcotráfico y delitos conexos. Se trata de un lujoso helicóptero vinculado al exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio; dos buses que pertenecían al prófugo José Insfrán, pastor de la iglesia Centro de Avivamiento de Curuguaty; y caballos que eran propiedad de Marcio Sánchez, alias Aguacate.
Además este fin de semana la institución realizó la VI subasta de bienes comisados, tales como vehículos, inmuebles y perfumes, logrando recaudar la suma de G. 1.256.685.000, monto que irá a parar a la cuenta del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, no todo son luces. Un informe de la Contraloría revela que la Senabico obtuvo una calificación deficiente tras una evaluación de su Sistema de Control Interno (SCI), correspondiente a su ejercicio fiscal 2020.
Además se evidenció que en el periodo de enero a agosto de 2020, la Senabico no contaba con un manual de procedimiento y otro de funciones, aprobados por las autoridades pertinentes, a fin de la correcta recepción, identificación, avalúo, inventario, registro, administración, mantenimiento, preservación, custodia y destino de los bienes incautados y comisados de los bienes.
La Contraloría detectó que la Secretaría no contaba con normativas aprobadas para la asignación y supervisión de los bienes entregados en uso provisional a las distintas instituciones del Estado; no realizó ningún procedimiento de verificación in situ sobre estos bienes y tampoco contó con un procedimiento para verificar que sean utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de las funciones institucionales.
Esta irregularidad detectada por la institución contralora en el 2020 no fue subsanada en la Senabico y sigue hasta la fecha. Solo hay que recordar que tan solo meses atrás, el diputado Basilio Núñez solicitó informes a esa institución luego de que el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se presentara a una audiencia en la Fiscalía, con un vehículo otorgado por la Senabico, el cual había sido decomisado durante una investigación por narcotráfico. A su vez la Senabico solicitó en ese entonces un informe al Ministerio del Interior, al no tener conocimiento del uso que le estaba dando Giuzzio al rodado que había quedado a resguardo de la Secretaría.
Por otro lado, la Contraloría también evidenció en su auditoría la falta de un procedimiento establecido para el seguimiento a los procesos penales para la incautación de los bienes y su posterior entrega, como así también que los vehículos tengan seguro y se garantice la disponibilidad presupuestaria para que reciban el correspondiente mantenimiento, o que las aeronaves administradas por la Senabico estén bien resguardadas y conservadas.
PROPUESTA DE UN FONDO SOCIAL
Ante la gran cantidad de bienes y dinero manejados por la Senabico, el diputado Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción) planteó un proyecto de ley “Que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Económico y Social (FONADES)”, financiado mediante el resultado de la incautación de bienes realizada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados. La propuesta consiste en la creación de un fondo nacional fideicomisario, desde donde sean destinados a los programas y proyectos.
La actual normativa vigente establece que el 25% de los fondos son destinados para cubrir los gastos de operación y mantenimiento y preservación de los bienes incautados y en comiso a través del fondo especial; 25% es distribuido en partes iguales entre el Poder Judicial, el Ministerio Público o la institución que haya realizado la primera intervención; y el 50% restante a la orden de la SENABICO, para financiar proyectos de prevención de hechos punibles, rehabilitación de adictos y reinserción social.
La propuesta legislativa, que aún aguarda el dictamen de las comisiones asesoras de la Cámara Baja, prevé destinar estos recursos al FONADES, que deberán ser distribuidos de la siguiente manera: 20% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de prevención del crimen organizado; 20% a ser distribuidos entre los municipios en el rango de menores recursos; 20% para la capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación; 20% para el Fondo Nacional para la Salud; 10% para el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (FIDES); y 10% para el Fondo de Estabilización de Precios de Productos de la Canasta Básica de Consumo.
Además de ajustar los fondos de la Senabico, la institución a cargo de Teresa Rojas requiere con urgencia fortalecerse, atendiendo a la gran cantidad de bienes administrados en la actualidad en medio de falencias detectadas por la Contraloría.
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