Caso Seprelad: la trama de una nefasta persecución política de Abdo
Carmen Pereira, Mario Abdo Benítez y Carlos Arregui.
El caso de las filtraciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se consolidó como uno de los episodios más graves de persecución política institucionalizada registrados en la era democrática.
Esta trama comenzó a revelarse con las investigaciones de La Caja Negra, que expusieron correos electrónicos internos donde se ordenaban investigaciones selectivas y direccionadas, al margen de los procedimientos formales.
El esquema incluyó el envío de información incompleta, tergiversada y sin valor probatorio a los Estados Unidos, un contubernio con autoridades diplomáticas, la posterior imposición de sanciones internacionales y un daño político, económico e institucional cuyas consecuencias se arrastraron por años.
Sin embargo, en octubre de 2025, el propio Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el levantamiento total de las sanciones, lo cual confirmó la persecución abdista.
De acuerdo con los antecedentes, tres meses antes de que Estados Unidos anunciara las designaciones contra el expresidente Horacio Cartes, la Seprelad remitió a ese país informes “espontáneos”, sin requerimiento previo y sin valor judicial ni administrativo, según el propio manual interno de la institución.
Los documentos, filtrados posteriormente por la organización Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), exponen la estrecha colaboración entre la Seprelad y la FinCEN, dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense. Uno de los reportes más relevantes está fechado el 1 de abril de 2022 y fue enviado apenas días después de que, el 31 de marzo, Carmen Pereira instruyera su remisión como información espontánea.
En total, se elaboraron 28 reportes de inteligencia financiera, que suman más de 1.600 páginas, compuestos por recortes de prensa, interpretaciones parciales y errores fácticos sobre el grupo empresarial de Cartes. Ninguno de estos documentos tenía respaldo probatorio suficiente para sustentar decisiones administrativas o judiciales.
Para hacer el trabajo sucio se tuvo que crear una oficina paralela dentro de la Seprelad, integrada por funcionarios sin atribuciones legales, dedicada exclusivamente a investigar al entorno de Cartes.
Esta estructura informal fue encabezada por Carlos Arregui, entonces ministro de Seprelad, y Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y posteriormente secretaria adjunta. También intervinieron René Fernández, quien habría editado documentos fuera de su competencia desde la Secretaría Nacional Anticorrupción, y el asesor Daniel Farías Kronawetter.
Uno de los documentos centrales del expediente fue redactado por Farías y Fernández, pese a que ninguno era funcionario de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico. El archivo contenía datos sensibles, incluidos salarios de figuras políticas, y habría tenido un doble propósito, filtración mediática y sustento técnico para el informe enviado a EE.UU.
Las publicaciones en los medios abdistas comenzaron en 2022 y coincidieron con la estrategia política del gobierno de Abdo. El propio Eduardo Petta, exministro de Educación, admitió públicamente que el entonces presidente conformó su gabinete con cinco exfiscales para sostener una línea investigativa contra Cartes, entre ellos Carlos Arregui, Emilio Fúster, René Fernández, Arnaldo Giuzzio y él mismo.
El 31 de julio de 2023, Horacio Cartes presentó una denuncia formal, que luego fue ampliada. En marzo de 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Seprelad. También fueron imputados Arregui, Giuzzio, Carmen Pereira, René Fernández, el diputado Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
En marzo de 2025, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra siete de los involucrados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio. Abdo Benítez y Espínola no figuran como acusados debido a sus fueros.
Hoy la causa avanza con lentitud extrema en tribunales, trabada por maniobras judiciales meramente dilatorias de parte de los implicados. Durante todo el proceso, los responsables de la operación garrote fueron turnándose para presentar distintas chicanas, con el único fin de paralizar el proceso y no discutir el fondo de la cuestión, que fue si utilizaron o no las instituciones públicas para atacar políticamente a los adversarios.
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