La ruta del dinero de Abdo: causa abierta todavía sin avances


Marito Abdo Benítez.
A un año de la apertura formal de la causa penal, la investigación que involucra al expresidente Mario Abdo Benítez por el crecimiento extraordinario de las empresas vinculadas a su entorno y el presunto ocultamiento de fondos en el exterior continúa sin grandes avances visibles.
La investigación fue abierta oficialmente por el Ministerio Público en septiembre de 2024, luego de que la Contraloría General de la República, respaldada por un informe técnico de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), detectara anomalías en las operaciones financieras de las empresas Aldia S.A. y Createc S.A., distribuidoras de asfalto vinculadas al exmandatario.
Estas dos empresas experimentaron un crecimiento exponencial, hasta 70 veces superior con la llegada de Abdo Benítez al poder. El aumento de ventas coincidió con la provisión de asfalto a los contratistas del Estado, que generó utilidades millonarias cuyo destino hoy es uno de los principales focos de esta investigación fiscal que avanza a pasos de tortuga.
Según los datos que cuenta ya la Fiscalía en su poder, más de USD 45 millones (G. 329.000 millones) fueron registrados como “reservas operativas” entre 2018 y 2023, sin que exista documentación clara que explique su utilización, aplicación o posterior reducción, como exige la normativa tributaria.
Entre los principales hallazgos figura el crecimiento anómalo de inversiones a largo plazo. En 2023, Aldia S.A. pasó de declarar poco más de G. 1.300 millones a G. 40.500 millones en inversiones, un salto que no se condice con sus utilidades declaradas, mayormente destinadas a reservas operativas.
A esto se suman discrepancias contables detectadas por la DNIT en las cuentas de clientes y deudores. Los registros reflejan deudas por G. 155.500 millones con proveedores, sin coincidencia entre los datos reportados por estas empresas. Esta acumulación constante de fondos en reservas, sin disminuciones ni aplicaciones justificadas, podría ser indicio de mecanismos de ocultamiento patrimonial, evasión fiscal o incluso lavado de activos, de acuerdo con la sospecha de los intervinientes.
El escándalo de la ruta del dinero de Marito escaló aún más a mediados del 2025 tras la denuncia del periodista argentino Luis Gasulla, quien reveló la posible existencia de cuentas bancarias en Islas Seychelles vinculadas a empresas cuyos beneficiarios finales serían Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira.
Se trataría de USD 21 millones, provenientes de depósitos iniciales y transferencias desde empresas radicadas en jurisdicciones como Hong Kong y Dubái. A raíz de esta revelación, el Ministerio Público abrió una investigación paralela por presunto ocultamiento de bienes.
La fiscal Natalia Cacavelos fue designada para esta causa innominada, y ya activó pedidos de informes a Seprelad y a la Fiscalía General de Seychelles, en el marco de convenios internacionales contra la corrupción.
Por su parte, la DNIT también remitió solicitudes formales a este paraíso fiscal para rastrear movimientos financieros y verificar si parte de los USD 45 millones declarados como reservas operativas fue transferida al exterior sin el pago de impuestos correspondientes.
Pese al volumen de documentación, los informes técnicos y la gravedad de los indicios, a un año de la apertura de una de las causas no se registran grandes avances en la investigación. Las preguntas que siguen sin respuestas son: ¿hasta dónde llegará la ruta del dinero y cuándo la Fiscalía imputará a los implicados?






