Socios de cooperativa ruegan por sus ahorros: cinco fallecieron sin recuperarlos
Los socios afectados por el millonario desfalco de la Cooperativa Poravoty Ltda. siguen esperando recuperar los ahorros que depositaron a lo largo de sus vidas, y que la Fiscalía impute a los responsables.
Los socios denuncian que la intervención del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) llegó “tarde y sin soluciones reales”, mientras enfermos graves siguen sin acceder a sus ahorros y ya suman cinco fallecidos en el último año. Todos ellos tenían su dinero retenido por la entidad y necesitaban costear tratamientos urgentes.
La última víctima fue Carmen Amarilla de Battaglia, socia de la cooperativa, quien padecía estenosis aórtica aguda. Estaba internada y necesitaba con urgencia una válvula que cuesta cerca de G. 20 millones, además de otros G. 7 millones en insumos médicos. Su familia rogó ayuda, pero la mujer murió sin recibir su dinero para hacerse el tratamiento.
La periodista y socia afectada Nancy Areco, quien asumió la asesoría de prensa de los socios enfermos, confirmó que desde febrero logró identificar al menos 21 casos graves, todos socios que tenían sus ahorros en la cooperativa precisamente para costear estudios médicos, cirugías oncológicas o tratamientos de alta complejidad.
Lamentó que, pese a que presentaron estos casos al presidente del INCOOP, Carlos Romero Roa, y este se comprometió a liberar aunque sea una parte de los fondos retenidos, nunca cumplió con el desembolso de los ahorros de los enfermos. Entre estos socios hay personas de 95 años, pacientes oncológicos, personas con patologías cardíacas severas y personas que dependen de medicación mensual de alto costo.
Días atrás, el INCOOP dio por culminada su intervención y dispuso la inhabilitación de todos los directivos que administraron la cooperativa entre los años 2020 y 2025. Sin embargo, los socios califican estas sanciones como insuficientes y dispares.
El INCOOP dispuso 10 años de inhabilitación para Miguel González Duarte, Silvio Vera González, Luis Delgado y Apolonio Mendría González. Otros consejeros recibieron sanciones menores de entre 6 y 1 año. En la Gerencia: Augusto Acosta (5 años), María Ramona Sosa (2 años y medio) y Pedro Elías Loblein (3 años).
Para José Doldán, vocero de los socios afectados, la sanción a Loblein es especialmente cuestionable, dado su rol central en el periodo donde se detectaron las mayores irregularidades. De acuerdo con Doldán, el desfalco asciende a más de G. 500.000 millones, producto de balances adulterados, créditos simulados, compras infladas y movimientos sin respaldo.
Fundada en 2011 por miembros de la familia policial, Poravoty terminó sumando miles de civiles, muchos de ellos hoy desesperados y desamparados. La cooperativa fue puesta en liquidación en enero, pero los socios aseguran que la medida no fue solicitada por ellos.
Los socios cuestionan la actuación del fiscal Óscar Delfino, encargado de la causa, por la falta de imputaciones, ya que aseguran haberle entregado más de 324 páginas de documentos con balances, memorias y movimientos financieros que demuestran un esquema irregular mantenido durante al menos cinco años en la cooperativa.
A la par de la investigación fiscal, los socios impulsan una acción ante el Tribunal de Cuentas para ser habilitados a conformar una comisión provisoria que convoque a una asamblea general. El objetivo es recuperar el control de la cooperativa y evitar que la liquidación avance sin garantizar la devolución de los fondos.
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