La confianza en el sistema electoral está en riesgo
La millonaria licitación para adquirir 28.000 máquinas de votación electrónicas por más de USD 93 millones quedó bajo la lupa del Congreso. Legisladores de diferentes bancadas reclamaron que la confianza en el sistema electoral debe garantizarse, mientras el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) defiende la solidez del proceso y descarta un retorno al voto en papel.
La semana pasada se desarrolló una reunión convocada por la Comisión Asesora de Asuntos Electorales del Senado y contó con la presencia de los ministros Jaime Bestard, Jorge Bogarín y César Rossel, además de asesores técnicos del TSJE.
Durante el encuentro, hubo reclamos de transparencia y garantías hacia el llamado que realiza el TSJE. El senador liberal Éver Villalba cuestionó que los partidos políticos no hayan participado en la elaboración del pliego de la licitación e insistió en que el proceso debió incluir estándares internacionales como la certificación ISO 15408, que mide el nivel de seguridad en aparatos y software de votación. Según explicó, ese requisito no se contempló porque los posibles oferentes no contaban con la certificación, lo que genera dudas sobre la fiabilidad del sistema.
Así también algunos congresistas plantearon volver a las papeletas. Los liberales Celeste Amarilla y Dionisio Amarilla, junto con el colorado Ramón Retamozo coincidieron en que ante las dudas, es mejor garantizar la confianza ciudadana con el sistema tradicional, es decir volver a las papeletas como antes. Sin embargo, desde la Justicia Electoral aclararon que la ley actual establece el uso de la máquina de votación. El ministro Jaime Bestard afirmó que volver a las papeletas sería un retroceso y además está prohibido por ley, porque el voto electrónico con listas desbloqueadas y preferenciales es obligatorio.
Otros legisladores pidieron reforzar los controles incorporando lectores biométricos de huellas dactilares para autenticar a los votantes. Sobre este punto, el TSJE aclaró que esta medida requeriría entre USD 20 y 30 millones adicionales, lo cual no está previsto en el presupuesto.
De momento, la licitación sigue paralizada luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendiera el proceso ante protestas de dos oferentes descalificados: el Consorcio Comitia-MSA y la firma surcoreana Miru Systems. El único consorcio que continúa en carrera es Paraguay Democrático, integrado por Smartmatic, Excelsis y Celexx, lo que alimenta sospechas de direccionamiento.
En juego no solo están USD 93 millones de fondos públicos, sino la credibilidad del sistema electoral paraguayo en los próximos comicios.
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