Crónica de un sobreseimiento anunciado: caso Filizzola y las comisarías de oro
Desirée Masi y Rafael Filizzola.
Pese a presentarse como supuesto luchador contra la impunidad, el exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola (PDP) consiguió evitar la justicia al bastardear su causa judicial y lograr el sobreseimiento definitivo al dilatar por años el proceso mediante las chicanas.
La semana pasada, Rafael Filizzola logró el sobreseimiento definitivo en el caso conocido como “comisarías de oro” tras una estrategia de dilatación judicial que se prolongó por más de una década. La resolución fue dictada por el juez penal de garantías Yoan Paúl López, quien argumentó la prescripción del delito de lesión de confianza debido al extenso tiempo transcurrido.
Pese a las numerosas evidencias, el caso nunca llegó a juicio oral. La estrategia de la defensa consistió en presentar recursos dilatorios que fueron admitidos por el sistema judicial.
El proceso contra Filizzola se inició en octubre de 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez lo imputó, junto a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, por un perjuicio al Estado de G. 1.131 millones. El contrato firmado en 2010 con la empresa adjudicada buscaba remodelar 24 comisarías, pero desde el inicio se detectaron irregularidades, como la falta de necesidad justificada y el pago anticipado de obras que no llegaron a ejecutarse.
Durante el proceso, la defensa de Filizzola desplegó una estrategia de dilación que incluyó recursos judiciales, uno de los cuales -consistente en una aclaratoria- logró que el expediente quedara “cajoneado” por más de cinco años en la Corte Suprema de Justicia.
Un detalle no menor es que, durante ese periodo su esposa Desirée Masi ocupaba una banca en el Senado y mantenía una alianza con el oficialismo del entonces presidente Mario Abdo Benítez.
En declaraciones tras su sobreseimiento, Filizzola celebró la decisión judicial y aseguró que el caso estuvo cargado de connotación política. Sostuvo que la acusación no tenía fundamento y acusó a la Fiscalía de perseguirlo.
Así también el juez López cuestionó la falta de urgimientos fiscales durante el tiempo en que el expediente estuvo varado en la Corte. Según Filizzola, fue el propio Ministerio Público el que dilató el caso al tardar tres años en iniciar el proceso y presentar recusaciones.
Sin embargo, Filizzola no cuenta que la misma táctica de las chicanas para eludir la justicia fue utilizada en otro caso emblemático en su contra. En marzo pasado, logró el sobreseimiento definitivo en el caso de la compra de helicópteros para la Policía Nacional, una adquisición que generó un perjuicio de G. 50.000 millones. En esa ocasión, la jueza Alicia Pedrozo también admitió la prescripción del delito tras años de chicanas y recursos dilatorios presentados por la defensa del político.
Una práctica común y sin castigo
El Código Procesal Penal establece sanciones claras contra los abogados que utilizan chicanas para dilatar los procesos judiciales. Los artículos 112, 113 y 114 del código estipulan la obligación de litigar con buena fe y el poder disciplinario de los jueces para sancionar estos abusos con multas o incluso la cancelación de la matrícula profesional. Sin embargo, la realidad muestra que las sanciones no se aplican. Aunque la Corte Suprema emitió en 2015 la Acordada N.º 961/15 para combatir el abuso de recursos judiciales, esta normativa es prácticamente letra muerta en el sistema judicial.
El sobreseimiento definitivo de Filizzola y la falta de sanciones a los chicaneros sientan un peligroso precedente para otros casos de corrupción en el país.
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