Investigan deforestación severa de bosque regenerado
La tala de un bosque regenerado en Nueva Esperanza, Canindeyú, derivó en la apertura de investigaciones fiscales y administrativas, luego de la denuncia emitida en el programa La Caja Negra. El emprendimiento inmobiliario impulsado en el sitio habría cometido graves impactos ambientales y posibles delitos.
La Fiscalía del Ambiente y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) se hicieron eco de la difusión de la investigación periodística que expuso la semana pasada la deforestación hecha en un predio de 52 hectáreas de bosque regenerado en la localidad de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú.
El fiscal ambiental Ramón Ferreira confirmó que la carpeta de investigación fue abierta el miércoles, al día siguiente de la emisión del informe en La Caja Negra, que evidenció la desaparición masiva de cobertura boscosa para la instalación de un emprendimiento inmobiliario.
El investigador se constituyó en el lugar y durante la verificación in situ, encontró a dos personas que se identificaron como administradores de Alianza Inmobiliaria, la empresa responsable del proyecto de loteamiento en el predio afectado. Con el permiso de los encargados, la comitiva fiscal recorrió el terreno, tomó fotografías de las zonas taladas y solicitó la documentación correspondiente.
Los trabajadores presentaron copias de documentos que incluyen un supuesto permiso del MADES, autorizaciones de INFONA y otros papeles relacionados con el proyecto. Sin embargo, la Fiscalía requirió las copias autenticadas de los permisos, y dio como plazo esta semana para la entrega correspondiente.
Según la versión proporcionada al fiscal por los representantes de Alianza Inmobiliaria, de las 50 hectáreas del predio, 27 hectáreas habrían sido destinadas efectivamente al loteamiento, mientras que una pequeña franja de terreno habría sido preservada como área de reserva. Esta información quedó asentada en acta, aunque deberá ser cotejada con los documentos oficiales, según mencionó el interviniente.
La comitiva fiscal aún no pudo corroborar si la licencia ambiental que exhibieron los trabajadores corresponde realmente al inmueble afectado. Además, los responsables del emprendimiento urbanístico mencionaron que están tramitando una extensión y cambio de titularidad de la licencia original, que data del año 2023. También entregaron la copia simple de un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, por el momento la Fiscalía no puede validar su autenticidad ni su validez legal.
El fiscal ambiental prevé realizar esta semana una nueva constitución en el lugar, esta vez acompañado de peritos técnicos del Ministerio Público, para elaborar informes que permitan determinar la magnitud real del daño ambiental y la existencia de eventuales irregularidades o delitos.
UN DAÑO AMBIENTAL SEVERO
Por otro lado, Darío Mandelburger, director general de Biodiversidad del MADES, confirmó que, a juzgar por las imágenes del sitio, la tala del bosque generó un fuerte impacto sobre el ecosistema local, afectando gravemente la biodiversidad de la zona, ya que a simple vista se nota un desmonte bastante fuerte y agresivo.
El funcionario explicó que, si bien la Ley de Deforestación Cero contempla excepciones para desarrollos urbanísticos, hay una serie de procesos que deben cumplirse y que, en este caso, parecen haber sido ignorados o mal ejecutados.
En ese sentido, detalló que el proyecto urbanístico habría dejado apenas una delgada franja de vegetación en la zona frontal del predio, mientras que el resto del terreno fue completamente talado. La falta de la reserva verde no protege adecuadamente el entorno ni cumple los requisitos ambientales.
Además, Mandelburger advirtió que el desarrollo se encuentra colindante a extensas plantaciones de soja, lo cual incrementa el riesgo de exposición a agroquímicos para los futuros habitantes del loteamiento. Al eliminar toda la cobertura boscosa y no prever cortinas rompeviento ni barreras naturales, se expone directamente a la población a los impactos de fumigaciones agrícolas.
De confirmarse las irregularidades, el emprendimiento inmobiliario podría enfrentar un sumario administrativo por parte del MADES, que incluso podría derivar en la cancelación de la licencia ambiental otorgada.
El titular de Biodiversidad del MADES también subrayó la responsabilidad directa del municipio de Nueva Esperanza al otorgar el permiso, ya que es responsable de verificar el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial y de garantizar que los permisos concedidos respeten las normativas ambientales vigentes.
Además, resaltó que deben intervenir el INFONA y el SENAVE para determinar si hubo incumplimientos adicionales en materia de inventario forestal y protección contra fumigaciones.
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