Hambre Cero: altos estándares de calidad desatan intento de boicot
Una denuncia anónima que carece de fundamento y formaría parte de un intento de boicot por parte de empresas descalificadas, fue presentada contra la licitación del programa Hambre Cero que lleva adelante el Gobierno de Santiago Peña, a través del Ministerio de Desarrollo Social, además de las diferentes gobernaciones.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas recibió una denuncia de identidad protegida contra las licitaciones del programa Hambre Cero. Si bien la presentación de este reclamo no paraliza el proceso, obliga a investigar.
La denuncia expone que supuestamente no se hicieron audiencias públicas para el proyecto, no se tomó en cuenta que hay alumnos con intolerancia alimentaria, no hubo una mesa interinstitucional, y no se planificó con estudios técnicos y estadísticas.
Al respecto, Desarrollo Social remitió a la DNCP su contestación sobre los puntos cuestionados. En el descargo se evidencia que la denuncia hecha no tiene relevancia ni sustento, por lo que solo forma parte de un intento de boicot. En ese sentido, históricamente los exproveedores, las empresas despechadas y los referentes del rubro son los que están detrás de estos cuestionamientos sin sustento.
Sobre la queja por la falta de audiencia pública, la institución recordó que la misma no es obligatoria ni imperativa, por lo que no se violó ninguna norma vigente. El argumento dado fue que el proyecto tuvo amplia difusión inclusive antes de su tratamiento en el Parlamento, y además que la licitación en sí prevé plazos para que cualquier interesado haga sus consultas correspondientes.
Con relación a la desconsideración de las necesidades dietéticas especiales de los alumnos, el MDS respondió que en esta primera etapa está previsto recabar datos que incluyan identificación de los escolares con alergia e intolerancias alimentarias (departamento, distrito, instituciones educativas y tipos de necesidades dietéticas) a fin de contar con información detallada para proponer la intervención más efectiva para cada situación.
Asimismo, resaltó que el menú cíclico es el producto de varios años de experiencia y de estudios coyunturales desarrollados por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN.
Referente al tercer cuestionamiento, de la falta de comisión de un Equipo Multidisciplinario, el ministerio respondió que sí se realizó un trabajo interinstitucional y se elaboró este proyecto en conformidad a los Lineamientos para los Servicios de Alimentación Escolar, en el marco del Programa de Alimentación Escolar Hambre Cero en las Escuelas, el cual fue aprobado por Resolución CONAE N° 001/2024, que contiene todos los delineamientos técnicos para este llamado a licitación, tales como menú, recetario, insumos, frecuencia, entre otros.
La institución cuestionó que en la denuncia se manipula, expone y minimiza malintencionadamente a todos los profesionales de diferentes especialidades de todas las instituciones que participaron del proceso de elaboración de los lineamientos y los menús nutricionales.
Además en el documento se menciona que la denuncia no tiene la rigurosidad de cuestionar nada relativo a la licitación, sino más bien a buscar evitar la concreción de un proyecto que pretende garantizar el derecho a una alimentación adecuada y saludable para todos los estudiantes, por tanto, una envergadura nunca antes planteada y alcanzada en nuestro medio. Es una denuncia que refleja un entendimiento parcial y un juzgamiento equivocado.
Respecto al cuarto cuestionamiento, de la ausencia de Estudios Técnicos y Estadísticas Alimentarias, el Ministerio de Desarrollo Social recordó que el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, a través del del Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN), implementa desde el 2015 una estrategia de vigilancia nutricional, para la selección de los menús orientados con los principios básicos de la alimentación variedad, moderación y proporcionalidad. Y para la elaboración del servicio de alimentación escolar se trabajó en conjunto con el INAN y el MEC.
Finalmente, sobre la supuesta falta de estudio de mercado, la institución respondió que se hicieron pedidos de precios de referencias a varias empresas, las cuales respondieron con sus presupuestos.
Un aspecto importante es que la denuncia hecha ante Contrataciones Públicas no impide el avance del proceso, ya que solo una protesta, que no existe en este caso, puede parar la continuidad de una licitación. Resulta por ello llamativo que ninguna empresa presentó hasta el momento una protesta formal como corresponde, si es que realmente el pliego elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social posee falencias.
Según un informe de la Contraloría General de la República, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de G. 6.016.246.324.027, que en dólares americanos asciende a la suma de USD 1.044.292.695. Y fueron 10 las empresas que consiguieron las mayores adjudicaciones durante ese lapso, liderando Ladero Paraguayo S.A. con 176 contratos, seguida de Comepar; el Consorcio Comepar y Asociados; la firma de Rosa Mabel Capli; la de Patricia Esther Fernández Valiente; la de Blanca Nieves Rodríguez Braun; el Consorcio Santa Rosa; la firma Granos y Aceites; el Consorcio El Colono; y la firma Vega S.A.
Ninguna de estas empresas, amplias conocedoras del rubro, presentó protesta formal en el marco de este llamado a licitación que propone garantizar la provisión de alimentación en las escuelas, lo cual significa que no se están afectando criterios de competitividad y evidencia que los reclamos hechos en realidad no resultan relevantes en este proceso licitatorio.
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