“Antiagro”: medidas políticas podrían generar perjuicios importantes en la producción nacional
El sector agropecuario se encuentra en expectativas ante las medidas políticas que son adoptadas en nuestro país, ya que muchas de ellas pueden terminar generando importantes perjuicios a las inversiones realizadas. En el caso de los arroceros, desde el Senado se implementan medidas directas por supuestos impactos ambientales. Por otro lado, también existen iniciativas internacionales que se pretenden imponer al sector pecuario en el marco de la lucha contra el cambio climático.
El pasado 8 de noviembre, una comitiva encabezada por los parlamentarios del Frente Guasu, Esperanza Martínez, Pedro Santa Cruz y Sixto Pereira, fue hasta Villa Oliva, departamento de Ñeembucú, para verificar dos arroceras instaladas en el sitio. La senadora Martínez, quien días luego fue a participar del encuentro del Grupo de Puebla (foro político de la izquierda), informó a través de sus redes sociales que pudo constatar en el lugar visitado la supuesta canalización de humedales, deforestación, afectación del Lago Ypoá y posible contaminación de las aguas.
Tras dicha visita, fue su colega, el legislador Pedro Santa Cruz, quien propuso un proyecto que declaraba en emergencia la cuenca del Lago Ypoá, planteamiento que fue aprobado por el pleno del Senado en su sesión de la semana pasada. Esta medida insta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) a intervenir las arroceras que supuestamente canalizan el recurso hídrico y además a revocar las licencias ambientales a las mismas.
El proyecto en cuestión refiere que “esta producción desenfrenada, salvaje y destructiva va drenando todos los humedales de la zona, secando los arroyos de la cuenca y creando un grave problema hídrico que afecta la propia existencia del ecosistema del lago”.
La aprobación de esta declaración se realizó de manera meteórica, sin convocar primero al Mades como así tampoco a los productores para escuchar su versión y luego, tras oír ambas campañas, adoptar una postura en consecuencia.
Ignacio Heisecke, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Arroz (Caparroz), indicó que ambas empresas cuentan con todos los permisos del Mades para realizar la actividad, por lo que calificó la declaración como un sinsentido y resaltó que los senadores del Frente Guasu se atribuyeron un rol del Mades para desinformar irresponsablemente con el aparente fin de atacar a las empresas productoras en esta etapa proselitista y pretender instalar la industria de la miseria. Como medida de respuesta, el gremio arrocero enviará una nota a la presidencia de la Cámara Alta, en la que sentará una postura ante lo ocurrido.
Por su parte, Ike Arréllaga, expresidente de la Federación de Productores de Arroz del Paraguay (Feparroz), aseguró que los congresistas tienen un desconocimiento de la situación del rubro, como por ejemplo de las leyes vigentes y las obligaciones que cumple, ya que necesariamente las empresas deben contar con la declaración de impacto ambiental y las licencias expedidas por el Mades para poder operar. El arrocero aseguró que preocupa este tipo de actuaciones parlamentarias, porque únicamente demuestran que están en contra de la producción nacional.
SITUACIÓN DE LA GANADERÍA Y LA PRESIÓN EXTERNA
En la actualidad existe mucha presión sobre Paraguay referente a su hato ganadero. En ese sentido se desarrolla la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP 27, que se celebra en Sharm el Sheikh (Egipto) del 6 al 18 de noviembre. Allí, Paraguay marcó una fuerte posición ante las numerosas presiones de países del mundo para que firme el acuerdo referente al metano, que implicaría reducir el hato bovino nacional y no crecer en cultivos.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, señaló que países como Estados Unidos e Inglaterra abogan por la reducción de la producción de carne vacuna, a raíz de la incidencia en generación de gas metano, perniciosa para el clima global. Sin embargo, resaltó que de acuerdo a estudios realizados, el volumen de gases de efecto invernadero que genera la región, es mínima, y que dentro de ese esquema, el peso de Paraguay es prácticamente imperceptible.
Bertoni argumentó además que si Paraguay redujera su hato ganadero, de 14 millones de cabezas de ganado a 10 millones, esto implicaría un golpe económico importante al sector y la economía nacional. De acuerdo con Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Paraguay tiene un potencial de crecer a 25 millones de cabezas, por lo que firmar el acuerdo representaría un retroceso.
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